El sector discrepa pero el Gobierno prevé aprobar en octubre el Real Decreto que establecerá nuevos requisitos para los centros de datos en España, según recoge el Plan IA360 presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El calendario supone un avance rápido respecto al procedimiento habitual de tramitación de una norma de estas características, ya que la fase de participación pública del proyecto concluyó recientemente y el texto ha recibido numerosas alegaciones del sector.

La aprobación del decreto se produce en un momento en el que los promotores mantienen proyectos de nueva capacidad pendientes de conocer el marco regulatorio definitivo. La norma pretende establecer requisitos relacionados con la sostenibilidad energética y medioambiental, la resiliencia y la soberanía digital.

El propio Gobierno sitúa la regulación dentro de su estrategia para impulsar la inteligencia artificial en España y ordenar el crecimiento de la infraestructura necesaria para soportarla.

Red eléctrica y renovables, en el centro del nuevo marco

El Plan IA360 señala que las solicitudes de acceso a la red eléctrica asociadas a centros de datos superan las previsiones de demanda efectiva para 2030 manejadas por el Ejecutivo.

Según el documento, el consumo de estas instalaciones presenta características especialmente exigentes para el sistema eléctrico y podría requerir refuerzos de red. El Gobierno sostiene que estos costes deben tenerse en cuenta a la hora de ordenar el despliegue de nueva capacidad.

La estrategia establece así que la sostenibilidad será uno de los criterios para priorizar los proyectos de mayor valor para el país, especialmente aquellos que incorporen nueva generación renovable, hagan un uso eficiente del agua y del suelo y contribuyan a reforzar la autonomía tecnológica.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es que el crecimiento de la infraestructura digital permita aprovechar la posición de España en generación renovable sin detraer capacidad de red necesaria para la electrificación de otros sectores.

La gigafactoría de IA se adaptará al nuevo decreto

Uno de los proyectos que quedará directamente condicionado por el nuevo marco será la gigafactoría de inteligencia artificial impulsada por el Gobierno.

El Plan IA360 establece que esta infraestructura se diseñará para cumplir desde el inicio los requisitos del futuro Real Decreto y convertirse en un proyecto de referencia dentro del nuevo modelo regulatorio.

La decisión sitúa a la gigafactoría como uno de los primeros proyectos de gran escala que tendrá que incorporar desde su diseño los criterios de eficiencia energética y medioambiental que plantea el Ejecutivo.

El sector cuestiona el nivel de exigencia

La rapidez prevista para aprobar el Real Decreto llega después de un periodo de alegaciones en el que distintos actores del sector han cuestionado algunas de las condiciones planteadas.

Entre las principales cuestiones debatidas se encuentran los requisitos medioambientales, el tratamiento de los proyectos que ya se encuentran en desarrollo y las condiciones relacionadas con el acceso a la red eléctrica.

La Comunidad de Madrid también ha presentado alegaciones y ha reclamado un marco estable y previsible para las inversiones. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que la propuesta puede afectar a proyectos previstos en la región y ha defendido que los centros de datos deben considerarse una infraestructura estratégica.

El sector, por su parte, ha planteado que determinadas exigencias podrían dificultar el desarrollo de proyectos de gran escala y afectar a la competitividad de España frente a otros mercados europeos.

El Gobierno sostiene una posición diferente: su planteamiento es que ordenar el crecimiento no equivale a limitarlo, sino a establecer condiciones para que la nueva capacidad sea sostenible y compatible con las necesidades del sistema eléctrico.

Bruselas avanza en paralelo hacia un nuevo marco europeo

La tramitación española coincide con nuevos movimientos regulatorios de la Comisión Europea.

Bruselas propuso el 21 de septiembre un sistema común de clasificación para los centros de datos de la UE, destinado a mejorar la transparencia sobre su consumo de energía y agua y su integración en el sistema eléctrico. El esquema abarcará centros con una capacidad superior a 500 kW.

La clasificación tendrá en cuenta indicadores relacionados con la eficiencia energética e hídrica, el suministro de energía limpia, la reutilización del calor residual y la capacidad de adaptar el consumo a las condiciones de la red.

La Comisión también ha abierto una consulta pública para preparar posibles estándares mínimos de rendimiento para los centros de datos europeos. La consulta estará abierta hasta el 14 de diciembre de 2026 y la propuesta legislativa está prevista para el segundo trimestre de 2027.

La UE, al mismo tiempo, mantiene el objetivo de triplicar su capacidad de centros de datos durante los próximos cinco a siete años, vinculando ese crecimiento con la soberanía tecnológica y digital europea.

El debate español se sitúa así dentro de una tendencia regulatoria más amplia: aumentar la capacidad de computación para sostener el desarrollo de la IA, pero incorporando nuevos criterios sobre energía, agua, red eléctrica y eficiencia.