La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para el sector, y reclama una revisión profunda del texto por su posible impacto sobre proyectos e inversiones en España.

Durante la rueda de prensa celebrada en la sede de CEOE, el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, advirtieron de que la acumulación de requisitos, plazos y penalizaciones podría convertir la regulación en un “veto al sector” y afectar a la competitividad de España frente a otros mercados europeos.

Según SpainDC, el Informe Anual del sector sitúa en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada hasta 2030. La asociación estima, sin embargo, que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar en riesgo con el planteamiento actual del Real Decreto.

Proyectos en marcha, también afectados

Uno de los principales motivos de preocupación para la asociación es que las nuevas condiciones no se aplicarían únicamente a futuros proyectos, sino también a determinadas instalaciones que ya se encuentran en desarrollo.

SpainDC señala que algunos proyectos con permisos de acceso y conexión concedidos dispondrían de un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos. Esto afectaría a compañías que ya han comprometido suelo, licencias, obras, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes.

Para Díaz, esta situación introduce incertidumbre en inversiones que se han planificado bajo el marco regulatorio vigente. “Las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria”, señaló.

La asociación considera que la suma de estas condiciones puede reducir la capacidad de España para competir por nuevos proyectos de centros de datos frente a otros países europeos.

Dudas sobre los recargos y los requisitos renovables

SpainDC también cuestiona el régimen económico previsto en el proyecto. El texto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, una medida que Villacís considera que podría tener, por su magnitud y consecuencias, una naturaleza sancionadora.

Otro de los puntos centrales de las alegaciones es la combinación de adicionalidad renovable y correlación temporal. El proyecto plantea que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante nueva generación renovable y, además, establece que la energía consumida en una determinada hora proceda de generación producida durante esa misma hora.

SpainDC considera que esta combinación puede hacer que los proyectos resulten técnica y económicamente inviables. Díaz cuestionó además la necesidad de exigir nueva generación cuando existen periodos en los que ya se producen excedentes de energía renovable.

La asociación también plantea objeciones sobre el reparto de competencias en materia energética. En concreto, cuestiona que el Ministerio pueda asumir determinadas funciones relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que, a su juicio, corresponden a la CNMC como organismo regulador independiente.

SpainDC considera que el texto actual necesita una reconsideración profunda, pero mantiene su disposición a trabajar con el Gobierno y los ministerios implicados mediante mesas técnicas y diálogo para revisar la propuesta antes de su aprobación definitiva.