El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido una regulación “proactiva” para acompañar la expansión de los centros de datos en España, en un momento en que el crecimiento de la inteligencia artificial está acelerando la demanda de capacidad de cómputo.

En una tribuna publicada en Bloomberg, Sánchez ha señalado que la economía digital depende de una infraestructura física que ocupa suelo, consume electricidad y agua y requiere inversiones crecientes. A su juicio, el reto no pasa por cuestionar la necesidad de los centros de datos, sino por determinar cómo y dónde se desarrolla nueva capacidad.

El posicionamiento llega después de que el Gobierno presentara en agosto el proyecto de Real Decreto que establece requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, además de condiciones de resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. El periodo de audiencia pública concluyó el 10 de septiembre.

La propuesta se dirige principalmente a instalaciones con una potencia de acceso a la red de 1 MW o superior, mientras que determinadas obligaciones de información se aplican a centros de datos a partir de 500 kW de potencia TI.

El acceso a la red eléctrica se convierte en un factor regulatorio

Uno de los principales elementos del proyecto es la relación entre el acceso de los centros de datos a la red eléctrica y su contribución a la nueva generación renovable.

El Ejecutivo considera la capacidad de acceso un recurso estratégico y limitado. En la documentación de la consulta pública, el Ministerio para la Transición Ecológica señala que el gestor de la red de transporte ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a este tipo de instalaciones desde finales de 2023, mientras que en las redes de distribución se han otorgado alrededor de otros 6 GW desde 2020.

La propuesta busca evitar que una expansión acelerada de la demanda de los centros de datos incremente la necesidad de generación fósil o desplace otros consumos eléctricos.

Los requisitos de adicionalidad implican que la electricidad renovable utilizada para respaldar el nuevo consumo debe proceder de nueva capacidad de generación, mediante autoconsumo o contratos a plazo, entre otras modalidades contempladas en la propuesta. El proyecto establece además una acreditación hora a hora.

PUE y WUE entran en el marco regulatorio

La propuesta también introduce requisitos específicos sobre eficiencia energética e hídrica.

Hasta la aplicación del sistema europeo de etiquetado de centros de datos, prevista para agosto de 2027, el borrador plantea como referencia un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1 para las instalaciones sujetas al régimen. Son valores asociados a la categoría A contemplada en el desarrollo europeo sobre evaluación de eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos.

Además, los operadores tendrán que proporcionar información sobre sus indicadores de eficiencia y sostenibilidad. Los centros de datos de más de 500 kW deberán comunicar determinados datos al MITECO para su publicación anual, mientras que las instalaciones de más de 1 MW tendrán obligaciones adicionales relacionadas con las mejores prácticas del Código de Conducta Europeo sobre eficiencia energética.

Esta dimensión hídrica adquiere especial relevancia a medida que aumentan las densidades de potencia asociadas a cargas de IA y HPC. La elección de las tecnologías de refrigeración y las condiciones climáticas y de disponibilidad de agua de cada emplazamiento pasan así a formar parte de la planificación de la infraestructura.

España anticipa una demanda de cómputo superior a las previsiones

El Gobierno sitúa en hasta 4 GW la demanda eléctrica prevista para capacidad de computación en 2030, pero las solicitudes y permisos existentes multiplican varias veces ese objetivo. Sánchez ha reconocido que no todos los proyectos llegarán a materializarse, pero considera que la tendencia justifica anticipar la planificación.

El dato refleja uno de los principales retos para el despliegue de infraestructura digital en España: la diferencia entre la capacidad de cómputo potencial que plantea el mercado y la capacidad efectiva que puede absorber el sistema eléctrico.

Para los desarrolladores, esto introduce nuevas variables en la selección de emplazamientos. La disponibilidad de potencia, la posibilidad de incorporar generación renovable adicional, la eficiencia energética, el consumo de agua y la capacidad de conexión pasan a estar cada vez más vinculados.

Soberanía digital y expansión de la infraestructura de IA

El proyecto normativo no se limita a la dimensión energética. También incorpora requisitos relacionados con la resiliencia y la soberanía digital, en línea con el objetivo europeo de reducir dependencias tecnológicas estratégicas.

Sánchez ha presentado los centros de datos como un activo necesario para el desarrollo de la economía digital y la inteligencia artificial europea. El planteamiento busca combinar el crecimiento de la capacidad de cómputo con mayores garantías sobre el control de los datos y la gestión de las infraestructuras críticas.

La cuestión será cómo se traducen estos requisitos en las decisiones de inversión y despliegue de los operadores. Para un mercado que compite por atraer grandes campus de IA, la disponibilidad de energía renovable, suelo, agua y conectividad será cada vez más determinante.

Un nuevo escenario para el desarrollo de data centers

La propuesta española sitúa a los centros de datos en la intersección entre infraestructura digital, planificación eléctrica y política ambiental. La evolución del marco regulatorio determinará qué condiciones deberán cumplir los nuevos proyectos para obtener acceso a la red y cómo deberán acreditar su eficiencia y consumo energético e hídrico.

El debate también tendrá implicaciones para el desarrollo de infraestructura de IA en Europa. A medida que aumentan las cargas de trabajo de alta densidad, la capacidad de cómputo ya no puede planificarse de forma aislada respecto de la generación eléctrica, las redes de transporte y distribución y los recursos hídricos.

Para España, el reto será acompasar la llegada de nueva capacidad digital con la expansión de la infraestructura energética y de conectividad necesaria para sostenerla, manteniendo al mismo tiempo la capacidad del país para atraer inversión en centros de datos y tecnologías de IA.