El Gobierno español está trabajando en un nuevo marco regulatorio para regular el crecimiento de los centros de datos y evitar una expansión especulativa del sector, en un momento en el que la inteligencia artificial está disparando la demanda de capacidad de cómputo y de acceso a la red eléctrica.

El proyecto de real decreto, cuya tramitación administrativa se realizará por la vía de urgencia, establecerá nuevos requisitos de eficiencia energética, sostenibilidad, consumo de agua, resiliencia y soberanía digital.

Una de las principales medidas será exigir que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico, hora a hora, con nueva generación renovable, ya sea mediante instalaciones propias o a través de un proveedor.

El acceso a la red, bajo mayor control

La regulación llega después de que desde 2021 se hayan concedido más de 12.000 MW de derechos de acceso y conexión a proyectos de centros de datos, una cifra que ha generado preocupación ante el riesgo de que parte de esas reservas no se materialicen.

El Ejecutivo pretende así diferenciar los proyectos con posibilidades reales de ejecución de aquellos que mantienen capacidad reservada sin avanzar en su desarrollo. La nueva normativa establecerá requisitos para que los promotores concreten sus necesidades y evitará que las reservas de capacidad se utilicen con fines especulativos.

El Gobierno calcula que actualmente existen alrededor de 12 GW de capacidad eléctrica disponible para centros de datos, mientras que el volumen potencial de inversión asociado al sector podría alcanzar los 70.000 millones de euros.

Para los operadores, el cambio puede tener un impacto directo sobre el diseño de los nuevos campus. La disponibilidad de energía dejará de ser suficiente: los proyectos tendrán que demostrar también cómo cubrirán su demanda con generación renovable y qué medidas aplicarán para reducir su impacto ambiental.

Eficiencia, agua y soberanía digital

El nuevo marco también introducirá requisitos relacionados con la eficiencia energética y el uso del agua, dos cuestiones cada vez más relevantes a medida que aumentan la densidad de potencia y las necesidades de refrigeración de los centros de datos destinados a cargas de IA.

A esto se sumarán medidas de soberanía digital. Los centros que gestionen determinados datos sensibles deberán ser operados por entidades establecidas en la Unión Europea y mantener esa información dentro del territorio comunitario, con restricciones al acceso por parte de gobiernos de terceros países.

La regulación busca, en definitiva, compatibilizar la llegada de grandes inversiones tecnológicas con las limitaciones de las infraestructuras energética y digital españolas. El Gobierno sostiene que el objetivo no es frenar el desarrollo de los centros de datos, sino ordenar su implantación y garantizar que los proyectos que accedan a recursos críticos sean viables y sostenibles.

El movimiento llega en pleno crecimiento del mercado español. Las estimaciones apuntan a una capacidad potencial muy superior a la actualmente operativa, aunque existen dudas sobre cuántos proyectos llegarán finalmente a construirse debido, entre otros factores, a las restricciones de red, energía, agua y suelo.

Para los desarrolladores, la nueva normativa puede elevar las barreras de entrada, pero también aportar mayor claridad a un mercado que afronta una fuerte presión sobre sus recursos. Energía disponible, generación renovable, eficiencia y capacidad de conexión serán cada vez más determinantes para decidir qué proyectos de centros de datos llegan finalmente a construirse en España.