La Comunidad de Madrid ha advertido de que el nuevo marco regulatorio impulsado por el Gobierno para los centros de datos puede reducir la competitividad de España y dificultar la llegada de nuevas inversiones al sector.

La advertencia se produce después de que el Ejecutivo haya aprobado el proyecto de Real Decreto que establecerá requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de procesamiento de datos. El texto se encuentra ahora en fase de audiencia pública, con un plazo para presentar alegaciones que finaliza el 4 de septiembre.

Desde Madrid consideran que el planteamiento estatal puede terminar penalizando a las regiones que, como la Comunidad, han concentrado buena parte del desarrollo de infraestructura digital en España. La administración regional ya había presentado alegaciones a una versión anterior del proyecto, alertando de su posible impacto sobre la competitividad del sector.

Un mercado estratégico para Madrid

La preocupación adquiere especial relevancia en Madrid, que concentra actualmente cerca del 55% de la capacidad instalada de centros de datos de España, según datos de la propia Comunidad. El mercado madrileño dispone de alrededor de 538 MW de capacidad y podría superar los 1,1 GW en 2030, de acuerdo con Cushman & Wakefield.

La región sostiene que el crecimiento de los centros de datos representa una oportunidad para atraer inversión, generar empleo y reforzar el ecosistema digital español. Por ello, considera necesario que los objetivos de eficiencia y sostenibilidad se compatibilicen con la disponibilidad de energía, capacidad de red y conectividad necesaria para desplegar nuevos campus.

El 80% de energía renovable, uno de los puntos clave

Uno de los principales requisitos contemplados en el proyecto de Real Decreto establece que los centros de datos deberán respaldar, mediante nueva generación renovable, al menos el 80% de su consumo eléctrico en cada hora de funcionamiento. El texto también introduce exigencias en materia de eficiencia energética, gestión del agua y soberanía digital.

El Gobierno defiende que estas medidas permitirán ordenar el crecimiento del sector y evitar una concentración de proyectos que pueda tensionar las redes eléctricas. El Ejecutivo ha señalado que ya existen más de 12 GW de capacidad eléctrica autorizada para centros de datos, una cifra que triplica las previsiones de demanda para 2030.

La posición de Madrid se suma así a las críticas expresadas, tanto por SpainDC, como por diferentes actores del sector, que consideran que la acumulación de requisitos y el calendario previsto pueden comprometer proyectos ya avanzados. La asociación ha estimado que, si el texto se mantiene en su redacción actual, podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.