A principio de esta semana contábamos en DCD la intención del Gobierno de endurecer las condiciones para el desarrollo de centros de datos en España, el proyecto de Real Decreto ya está sobre la mesa y el sector empieza a trasladar sus primeras valoraciones.

Los expertos y las empresas no han tardado en pronunciarse públicamente sobre los posibles cambios, y el tono es más crítico de lo que algunas de las primeras conversaciones entre la Administración y la industria hacían prever.

Desde SpainDC aseguran que, tras una primera lectura del articulado, su preocupación es ahora “mayor” que la que trasladó inicialmente después de su reunión con el Gobierno. La asociación asegura compartir los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y crecimiento ordenado del sector, así como la necesidad de evitar comportamientos especulativos.

El problema, sostiene, está en cómo se han concretado esos objetivos.

“Nos preocupa especialmente que algunas de las exigencias planteadas puedan afectar a proyectos sólidos y a decisiones de inversión ya en marcha, dificultar la viabilidad de nuevos desarrollos y terminar desplazando parte de esa inversión hacia otros mercados comunitarios”, señala SpainDC.

La competitividad aparece así como una de las principales preocupaciones del sector. Los centros de datos son proyectos intensivos en capital y las decisiones de localización se toman comparando diferentes mercados. “Si una inversión encuentra en otro país un marco más predecible, viable y competitivo, ese proyecto no desaparece, sino que se traslada y desarrolla en otro mercado”, advierte la asociación.

La exigencia renovable, en el centro del debate

Uno de los principales puntos de fricción está en los requisitos vinculados al suministro renovable, especialmente la adicionalidad y la correlación temporal de la energía consumida.

Desde Templus, Ignacio Velilla, CEO & Co-Founder de la compañía, cuestiona la obligación de que los centros de datos produzcan nueva energía renovable asociada a su consumo. “Lo primero que no entendemos es la intención del Gobierno de obligar a los centros de datos a producir un MW de energía renovable adicional por cada MW consumido”, señala.

Velilla considera que la medida resulta difícil de encajar con la situación del sistema eléctrico español, que en determinados momentos registra excedentes de generación renovable. A su juicio, los centros de datos, por su perfil de consumo estable y predecible, podrían contribuir precisamente a aprovechar parte de esa energía.

El directivo también advierte de que el nuevo marco puede colocar a España “en clara desventaja competitiva” frente a otros mercados europeos.

Templus prepara alegaciones al proyecto y reclama que el Gobierno cuente con el sector durante la elaboración de la nueva normativa.

Un problema de plazos y de tecnología

Las dudas no son únicamente económicas. En Quark ponen el foco en la viabilidad técnica de algunos de los requisitos.

Ricardo Abad, CEO de la compañía, señala un posible desajuste entre la exigencia de adicionalidad renovable y los plazos reales necesarios para desarrollar nueva generación. Según Quark, el ciclo de tramitación, evaluación ambiental, permisos de conexión y construcción de un nuevo proyecto eólico o fotovoltaico puede prolongarse entre tres y cinco años, mientras que el borrador establece un periodo de 18 meses para acreditar la nueva capacidad renovable asociada al centro de datos.

La correlación horaria plantea otro reto. Los centros de datos funcionan como cargas continuas, 24 horas al día y 365 días al año, mientras que la generación solar y eólica presenta una producción variable.

Para Abad, alcanzar una cobertura renovable elevada con coincidencia horaria puede exigir una mayor sobredimensión de la generación contratada y recurrir a sistemas de almacenamiento a gran escala.

La compañía apunta además a una segunda tensión: la existente entre eficiencia energética y eficiencia hídrica. En determinadas condiciones climáticas españolas, sistemas de refrigeración adiabáticos o evaporativos pueden ayudar a reducir el consumo eléctrico y mejorar el PUE, pero incrementan el consumo de agua y, por tanto, pueden empeorar el WUE.

La cuestión, por tanto, no sería únicamente qué nivel de eficiencia exige la regulación, sino si todos los objetivos pueden alcanzarse simultáneamente en cualquier ubicación y bajo las mismas condiciones técnicas.

Sostener la capacidad: la presión operativa de los nuevos plazos

A las exigencias técnicas y renovables se le suma un seguimiento operativo mucho más estrecho en los permisos de acceso y conexión. Desde DConcept, María Barrero Leal analiza el impacto de la reciente actualización del Real Decreto-ley 7/2026 puesta en marcha en julio, la cual modifica el régimen de impago de la prestación por reserva de capacidad del artículo 11.7.

“La actualización de julio no sustituye el marco aprobado en marzo, pero sí modifica un punto clave: se reduce el periodo de referencia para que el impago pueda activar la caducidad automática del permiso”, explica Barrero Leal. Mientras que en el marco anterior el umbral del 10% de impago se medía en cómputo anual, ahora el control pasa a medirse sobre un trimestre natural, acumulando los impagos desde el inicio de la obligación.

Para los desarrolladores e inversores de proyectos con gran demanda eléctrica, esta medida cambia radicalmente la gestión de los desarrollos. “La pregunta empieza a ser otra: ¿cómo se sostiene la capacidad concedida hasta convertirla en un proyecto real? No solo cuenta conseguir acceso a red, también cuenta gestionarla con rigor financiero continuo hasta que el proyecto se materializa”, advierte la experta de DConcept.

¿Una barrera para los operadores independientes?

Otro de los debates que empieza a emerger es el posible efecto de las nuevas reglas sobre el tamaño de los operadores.

Javier Gómez Benito advierte de que un requisito como el 80% de renovables con matching horario puede ser asumible para un hyperscaler con una instalación de 200 MW, pero plantea una ecuación muy diferente para operadores independientes de 10, 20 o 50 MW.

El riesgo, a su juicio, es que una regulación diseñada para ordenar el mercado termine elevando las barreras de entrada y favoreciendo a los operadores de mayor tamaño.

El argumento conecta con una de las principales preocupaciones trasladadas por SpainDC: que el endurecimiento regulatorio termine modificando las decisiones de inversión. “Madrid, Barcelona o Aragón no compiten entre sí. Compiten con Lisboa, París, Milán o Helsinki”, apunta Gómez Benito. “Si desarrollar 50 MW en España se vuelve más caro, complejo e incierto, esos 50 MW no desaparecen. Se van a otro sitio”.

El sector pide cambios antes de que termine la tramitación

Las críticas no suponen un rechazo a los objetivos generales del Gobierno. Las compañías consultadas coinciden en que el crecimiento del sector debe producirse bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y ordenación, y en que es necesario combatir posibles comportamientos especulativos vinculados a la capacidad eléctrica.

La discusión está orientada al cómo conseguirlo sin perjudicar proyectos viables ni inversiones ya comprometidas.

En el documento de trabajo preparado para las alegaciones se plantean alternativas como una aplicación progresiva de los requisitos, periodos transitorios más amplios y que determinadas obligaciones no se apliquen a proyectos que ya hayan solicitado u obtenido permisos de acceso y conexión.

También se propone flexibilizar los requisitos de adicionalidad y correlación, ampliar los plazos y contemplar situaciones en las que existan limitaciones técnicas o circunstancias no imputables al operador.

El periodo de audiencia pública será ahora una etapa clave; una audiencia para la que ya están preparando alegaciones desde SpainDC.

Mientras tanto, el debate que comenzó con la decisión del Gobierno de poner límites al crecimiento de los centros de datos, algo que también está surgiendo en otros países como por ejemplo México, entra en una nueva fase: la de determinar si esas reglas conseguirán ordenar el despliegue de la infraestructura digital en España o si, por el contrario, pueden terminar desplazando parte de la inversión hacia otros mercados europeos.

Para Velilla, la cuestión es especialmente relevante porque los centros de datos no son únicamente una infraestructura energética, sino una pieza de la digitalización y una fuente potencial de inversión. “No se puede legislar de espaldas a una industria de la que depende no solo la digitalización del país, sino que además es la puerta de entrada para miles de millones de euros de inversión”, afirma.

*Seguiremos informando a lo largo de los próximos días del desarrollo tanto de las alegaciones, como de las reacciones del sector.