Anoche se hizo público el nuevo borrador normativo del Real Decreto sobre los centros de datos y las reacciones no han tardado en llegar. Aunque la administración defiende una flexibilización de los requisitos técnicos, fuentes del sector niegan cualquier avance real: "No compramos que haya habido una suavización ni un interés por flexibilizar; se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos".

Para la industria, el texto profundiza un abismo operativo insalvable frente a otros mercados internacionales. "La anterior normativa ya nos posicionaba como el peor Estado miembro para invertir, con esto nos consolidamos como el peor sitio del mundo para centros de datos", advierten fuentes directas del sector.

El impacto financiero amenaza con desbordar las previsiones iniciales. La semana pasada Google ya anunció que de momento pausa su inversión en España ante dicha situación. A esto, se le suman hasta 67.000 millones de euros en inversiones previstos para 2030 que hoy están en el aire. "El rechazo entre los asociados es absoluto y masivo; hay noticias muy negativas y operadores globales que ya congelan sus inversiones", señalan.

Especificaciones técnicas: Del "apagón discrecional" al absurdo horario

Las exigencias operativas y termodinámicas del articulado han encendido las alarmas técnicas de los operadores de hiperescala:

• El dilema del SRAP: El mecanismo de respuesta de la demanda propuesto como alternativa al régimen renovable es visto como una línea roja. "Un centro de datos trabaja 24/7, no duerme ni muere; estar expuestos a que nos apaguen a voluntad del Gobierno, de forma indefinida y no remunerada, es inaceptable y destruye los contratos con nuestros clientes", comentan.
• El contrasentido medioambiental del diésel: Forzar a las instalaciones a operar en modo isla ante posibles cortes de red choca con los objetivos climáticos. "Nos obligan a quemar diésel con grupos electrógenos como si no hubiera un mañana; es una hipocresía cuando el origen de todo esto era reducir la dependencia de los combustibles fósiles", denuncian.
• La correlación horaria: El requisito de casar generación y consumo hora a hora se mantiene bajo duras críticas. "La correlación horaria es una barbaridad que obliga a sobredimensionar la red hasta 14 veces por megavatio demandado; es como volver al Medievo y levantarse cada mañana mirando al cielo a ver cómo va la cosecha", recalcan las mismas fuentes.
• Métricas hídricas (WUE) y energéticas (PUE): La fijación estricta de un WUE de 0,1 combinada con un PUE transitorio de 1,25 ignora el clima del sur de Europa. Para el sector, es técnicamente absurdo exigir máxima eficiencia eléctrica vetando a la vez los sistemas de refrigeración evaporativa.
• Exenciones a medida: La exclusión de infraestructuras públicas o proyectos concretos colma el descontento. "El Gobierno sabe que su norma es incumplible y por eso se la aplica a todo el mundo menos a sí mismo; eximir a la gigafactoría de Tarragona mientras se asfixia a los data centers comerciales es una discriminación y una absoluta ilegalidad", denuncian.

Ofensiva jurídica e impacto en la competencia global

La industria no descarta ninguna vía para frenar el texto. Tras acudir al trámite ante el Consejo de Estado para denunciar vicios procedimentales graves —como la tramitación injustificada por urgencia o la falta de notificación a la Comisión Europea mediante la Directiva TRIS—, el sector ya prepara el terreno de los tribunales.

"No descartamos solicitar medidas cautelares para paralizar el decreto; vulnera la reserva de ley y carece de memoria económica que justifique penalizaciones tan desproporcionadas como la retirada del punto de acceso", advierten fuentes jurídicas del sector. Además, critican con dureza la postura institucional: "Es como tener un Ministerio de la Automoción que se dedica a prohibir las carreteras y las fábricas de coches; desde un ministerio de digitalización se está empujando a la analogización del país".

Este bloqueo normativo en España transforma el tablero internacional. La ventana de oportunidad para que la región lidere la nueva economía digital es reducida y no espera a reformas regulatorias fallidas. Como concluyen tajantemente fuentes de la industria: "El sector no pide subvenciones, solo normas técnicamente viables; si este decreto ve la luz tal como está redactado, supondrá la muerte de la infraestructura digital antes incluso de nacer".