El Gobierno español anunció a finales de agosto su intención de instalar un nuevo marco regulatorio para regular el crecimiento de los centros de datos y evitar una expansión especulativa del sector. Desde el primer momento la noticia provocó un revuelo en la industria donde empresas del sector, comunidades autónomas y Spain DC alegaban que, tal como estaba propuesto el marco regulatorio, podría poner en riesgo la inversión en centros de datos en España.

En este contexto, parece que las primeras reacciones ya están llegando. Según publica El Mundo, Google habría pausado la ampliación de su capacidad de cómputo en España. La compañía ya opera en Madrid con servidores alojados en centros de terceros. El proyecto más afectado sería la estación del cable submarino Sol, que unirá Santander con Florida, en una parcela de casi 6.000 m² en Cantabria. Xataka no cuantifica la inversión y habla de “miles de millones”. Amazon, por su parte, mantiene comprometidos 33.700 millones de euros en Aragón hasta 2035.

El momento choca con la presión de la demanda. Alphabet ha elevado su previsión de gasto de este año a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares y admite que la demanda de IA supera su capacidad actual.

¿Qué exige el borrador?

El proyecto de Real Decreto, aprobado el 25 de agosto por el Consejo de Ministros para su tramitación urgente, afecta a centros de 1 MW o más. Su objetivo es acompasar la demanda eléctrica de estas instalaciones con nueva generación renovable, para evitar que se dispare el recibo de la luz.

La CNMC señala además que España acumuló cerca de 600 horas de precios negativos en el primer semestre de 2026, y considera ineficiente construir parques nuevos en lugar de aprovechar esos excedentes.

Un decreto contra el reloj

El Gobierno quiere aprobar la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre. Como real decreto, no necesita pasar por el Congreso, pero debe superar el examen del Consejo de Estado y responder a más de 600 alegaciones.

Hay margen para cambios. Según El País, el Ejecutivo se abrió a suavizar exigencias si los centros de datos no encarecen la factura eléctrica, y El Español apunta a una versión algo más flexible que mantendría el 80% hora a hora. Sobre la mesa hay unos 12 GW de permisos de acceso ya concedidos, frente a los 4 GW que preveía la Estrategia de IA para 2030.

Implicaciones para el sector

SpainDC, de la que Google es asociada, advierte de que parte de los proyectos serían mucho más caros o inviables, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, ha afirmado que “se construirá en otro lugar” desde donde se prestarán los servicios digitales a España. Según SpainDC peligrarían entre el 80% y el 90% de la nueva inversión.

Para los equipos de planificación, la decisión pasa por dimensionar PPA y almacenamiento con correlación horaria y por comparar el coste de operar en España frente a otras jurisdicciones.

La pausa de Google funciona como señal de mercado, no solo como incidencia de un proyecto. España compite por la capacidad de IA del sur de Europa y su ventaja renovable puede erosionarse si el marco encarece la inversión. La versión final del decreto, que se conocerá en las próximas semanas, marcará dónde se construye la próxima generación de infraestructura.