Este pasado lunes el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Una noticia que introduce una nueva variable en la tramitación del Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad, eficiencia, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos en España.
Las Cortes han quedado disueltas este 6 de octubre y el proceso electoral ya está formalmente en marcha; no obstante, la convocatoria no implica necesariamente que el decreto vaya a quedar en manos del próximo Gobierno.
Según la información publicada, el Ejecutivo mantiene su intención de aprobar la norma antes de las elecciones, previsiblemente a finales de octubre o principios de noviembre. El texto se tramita por la vía de urgencia y, al tratarse de un real decreto, no necesita pasar por el Congreso.
La cuestión es si quedan semanas suficientes para completar los trámites pendientes y, al mismo tiempo, introducir las modificaciones que el propio Gobierno ha anticipado tras las críticas recibidas.
CNMC y Consejo de Estado son ahora los siguientes hitos
El texto ha recibido más de 600 alegaciones, procedentes del sector de centros de datos, empresas, asociaciones energéticas y comunidades autónomas.
La CNMC ya ha intervenido en el expediente. El debate jurídico se centra, entre otras cuestiones, en si el Gobierno puede vincular las condiciones de sostenibilidad energética al acceso y conexión a la red eléctrica y en el reparto de competencias entre el Ejecutivo y el regulador. El Consejo de Estado constituye el siguiente paso relevante antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar definitivamente el texto. El margen temporal es, por tanto, reducido: si el Gobierno quiere cumplir su objetivo de aprobarlo antes del 29N, la tramitación tendrá que acelerarse durante las próximas semanas.
El 80% renovable sigue siendo el principal punto de fricción
El núcleo de la controversia continúa siendo el requisito energético. El borrador establece que los centros de datos de 1 MW o más deberán asociar su consumo a nueva generación renovable y acreditar que, durante cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida procede de esa generación renovable.
El proyecto también introduce requisitos de eficiencia energética e hídrica y obligaciones relacionadas con la resiliencia y la soberanía digital.
El problema señalado por buena parte del sector no es el objetivo de descarbonización, sino la combinación de adicionalidad, correlación horaria y plazos.
SpainDC sostiene que estos requisitos pueden comprometer proyectos que ya se encuentran en desarrollo y ha advertido de un impacto significativo sobre la inversión prevista en España. La asociación ha planteado además objeciones jurídicas al texto.
Operadores y eléctricas reclaman mayor flexibilidad
Las críticas no proceden únicamente de los operadores de data centers. En las últimas semanas, compañías de distintos segmentos de la infraestructura digital y energética han pedido revisar el texto. Iberdrola y Telefónica, por ejemplo, han defendido públicamente un marco que permita atraer inversión y han cuestionado aquellas condiciones que puedan dificultar el desarrollo de nuevos centros de datos. Iberdrola ha advertido además de que la demanda podría desplazarse a otros países si España introduce barreras excesivas. En Aragón, Microsoft y Blackstone han confirmado que mantienen sus inversiones, mientras AWS ha pedido flexibilidad en la regulación. La situación es especialmente relevante para esta comunidad, donde se concentran algunos de los mayores proyectos de nueva capacidad del país.
La posición del sector, por tanto, no es necesariamente contraria a regular el crecimiento, sino a que las condiciones puedan alterar proyectos que fueron diseñados bajo otro marco regulatorio.
Las comunidades autónomas también presionan
Aragón ha pedido una revisión integral del proyecto y sostiene que ninguno de los centros de datos actualmente en tramitación podría cumplir los requisitos energéticos en su configuración actual.
Andalucía también ha presentado alegaciones. La Junta cuestiona especialmente la correlación horaria y el requisito de nueva generación renovable, al considerar que los plazos de desarrollo de las plantas renovables no encajan con los tiempos exigidos por el borrador.
Madrid, otro de los principales polos españoles de centros de datos, ha expresado igualmente su preocupación por la seguridad jurídica y por la aplicación de determinados requisitos a proyectos ya en desarrollo.
El resultado es un frente de oposición mucho más amplio que el estrictamente empresarial.
La red eléctrica sigue siendo el trasfondo del debate
Más allá de la batalla regulatoria, existe una cuestión estructural que previsiblemente permanecerá independientemente del Gobierno que salga de las urnas: cómo incorporar grandes cargas digitales al sistema eléctrico sin desplazar costes hacia el resto de consumidores.
La expansión de los centros de datos coincide con una fuerte demanda de nueva capacidad de conexión y con las necesidades de electrificación de otros sectores industriales. De ahí que el Gobierno defienda la necesidad de acompasar el crecimiento de los data centers con nueva generación renovable y con la capacidad disponible de la red. El propio Ejecutivo ha presentado el decreto como una herramienta para evitar un crecimiento especulativo de la demanda eléctrica.
El sector, por su parte, reclama que esa planificación no termine convirtiéndose en una barrera de entrada para inversiones de alta intensidad tecnológica.
El 29N no cierra el debate sobre los data centers
En este contexto la convocatoria electoral añade incertidumbre a un expediente que ya estaba generando una fuerte división entre administraciones, operadores, empresas energéticas y promotores.
Hasta la constitución del nuevo Gobierno, el Ejecutivo mantiene capacidad para continuar con la tramitación, pero el calendario es ahora determinante. Si consigue aprobar el decreto antes de las elecciones, el próximo Gobierno heredará una norma en vigor que podría ser revisada posteriormente. Si no lo consigue, tendrá que decidir si retoma el texto actual o abre una nueva negociación con el sector.
En ambos casos, la cuestión de fondo permanecerá: España necesita definir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede crecer su infraestructura de cómputo sin comprometer la red eléctrica ni perder El decreto de data centers afronta una carrera antes del 29N competitividad frente a otros mercados europeos.
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