El borrador del nuevo Real Decreto con el que el Gobierno central busca regular y filtrar la implantación de data centers en España ha generado un encendido rechazo, no sólo en el sector, donde tanto Spain DC como diferentes expertos y empresas del sector se pronunciaron de forma inmediata, sino también en l os ejecutivos autonómicos. A las advertencias emitidas desde la Comunidad de Madrid se han sumado abiertamente Extremadura, Andalucía y Aragón, configurando un frente regional común que acusa al Ministerio para la Transición Ecológica de frenar la competitividad tecnológica del país e invadir competencias locales.

Aragón: Hasta 30 proyectos en el punto de mira

En Aragón, uno de los principales hubs de infraestructura digital en el sur de Europa tras las fuertes inversiones de hiperescalares como AWS o Microsoft, la reacción ha sido de máxima alerta.

• Amenaza a inversiones clave: El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha calificado la futura norma como una "amenaza seria" para el desarrollo económico regional. Según la Dirección General de Administración Local y Digitalización de la comunidad, la criba del Ejecutivo central pone en riesgo una treintena de proyectos previstos en la región (al menos 10 de ellos ya con el aval autonómico concedido).
• Falta de diálogo: Desde el Gobierno de Aragón critican que el borrador no haya sido consensuado con las autonomías y denuncian que las exigencias de suministro de agua y acoplamiento de renovables actuarán como un cuello de botella burocrático. La región ya ha confirmado que presentará un paquete de alegaciones formales.

Andalucía: Alerta por la criba de potencia eléctrica

El Gobierno andaluz también formalizará alegaciones contra la propuesta normativa.

• Pérdida de tracción: Desde la Junta de Andalucía sostienen que imponer una criba tan severa sobre los puntos de conexión a la red eléctrica desincentivará el despliegue de nuevos desarrollos en la región.
• Riesgo para la soberanía digital: Las autoridades andaluzas critican que el Estado pretenda actuar como "árbitro único" sobre la viabilidad de las instalaciones, lo que podría derivar en que los operadores trasladen sus campus de centros de datos a otros países europeos con marcos regulatorios más flexibles.

Extremadura: Rechazo a la centralización de decisiones

En la misma línea se ha posicionado la Junta de Extremadura, oponiéndose firmemente a que el Gobierno central asuma en exclusiva la potestad de retirar o reasignar la capacidad eléctrica reservada. El Ejecutivo extremeño argumenta que las autonomías no pueden quedar relegadas a meros espectadores en la ordenación de un sector tan estratégico para la transformación de la economía local.

El contrapunto: Presión social y ambiental en los territorios

A la oposición de los gobiernos autonómicos se suma la presión de plataformas regionales. En el caso de Aragón, entidades ciudadanas como Salvemos los Pinares de Venecia han presentado cientos de alegaciones ambientales contra proyectos concretos (como el campus de Microsoft en Zaragoza), mientras que formaciones como Teruel Existe han presentado alegaciones al propio Real Decreto solicitando un mayor freno al impacto ambiental, el uso intensivo de agua y el modelo energético off-grid en el medio rural.