La tensión en el territorio aragonés por la implantación de centros de datos continúa. El movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado públicamente que Forestalia está vendiendo proyectos de parques eólicos caducados en la comarca del Matarraña, que ahora han sido adquiridos por Repsol para alimentar un futuro centro de datos en Escatrón, uno de los mayores de España y posiblemente de Europa.

Estos proyectos, diseñados originalmente para evacuar energía hacia zonas de Cataluña, han perdido su validez legal porque no obtuvieron las autorizaciones ambientales necesarias de ese territorio. Según Teruel Existe, Forestalia intenta ahora "reactivar" estas instalaciones que contaban con un fuerte rechazo social y cuyas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) han perdido eficacia jurídica por caducidad administrativa. La ley utilizada para este movimiento es la Ley de Energía aprobada en Aragón, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por considerarse inconstitucional.

Proyectos energéticos vs normativa ambiental

Ernesto Romeo, portavoz de Teruel Existe, ha expresado que la situación refleja una captura de políticas públicas para beneficio privado, pues los proyectos presentados como autoconsumo industrial corresponden todos a la misma empresa, Forestalia. Romeo critica que esta práctica implica reutilizar permisos caducados vinculados a subestaciones y líneas de evacuación que ya no existen, en una maniobra que pone en riesgo recursos naturales y la legalidad ambiental.

Además, Romeo subraya la amenaza a zonas protegidas y la destrucción de espacios valiosos como el Matarraña, afirmando que detrás de esta supuesta apuesta por el crecimiento económico se esconden beneficios empresariales con un alto coste social y ambiental.

Teruel Existe reclama la intervención estatal y del Tribunal Constitucional para impedir que esta situación continúe, pidiendo protección para Aragón frente a lo que califican como especulación en el sector energético renovable y tecnológico.

Este caso pone en evidencia la complejidad y los conflictos que pueden surgir en la intersección entre grandes proyectos energéticos, desarrollo tecnológico y normativa ambiental en España, cuestión relevante para el futuro de la industria de centros de datos en la región.