El pasado fin de semana Zaragoza fue el escenario de una manifestación en protesta por la instalación de centros de datos en Aragón, promovida por la plataforma 'No Centros de Datos Aragón', que recorrió las calles del centro y finalizó en la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.

Los motivos de la propuesta es la preocupación por el elevado consumo de recursos naturales que implican los macrocentros digitales, alegando además que en Aragón ya operan tres centros y hay varios proyectos nuevos en marcha. La plataforma se queja del consumo intensivo de agua y energía, así como la falta de beneficios sociales tangibles derivados de estas instalaciones al tiempo que el Gobierno aragonés favorece a grandes multinacionales tecnológicas y fondos de inversión extranjeros sin considerar el impacto ambiental y social que estos proyectos puedan tener.

Si bien es cierto que son varios los proyectos, uno de los más polémicos es el centro de datos que planea instalar la multinacional Vantage en Villanueva de Gállego, invirtiendo 3.200 millones de euros. En este caso las críticas vienen por la presión que podría ejercer sobre los recursos hídricos y eléctricos en un territorio que ya tiene limitaciones en suministro constante de agua y energía.

En este contexto, Carlos Arrazola, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, señaló que "se requieren depósitos de regulación que permitan autonomía de al menos dos meses para estos centros" ya que, aunque existe disponibilidad de agua, no está garantizada todo el año en todas las ubicaciones. Por otro lado Arrazola también hizo referencia a que el consumo de energía eléctrica es incluso más significativo que el del agua en este tipo de instalaciones.

Esta situación refleja un desafío que enfrentan muchos territorios como es el de compatibilizar la atracción de inversión en infraestructura digital con la gestión responsable del agua y la energía, elementos críticos para la operación de centros de datos a gran escala.