El Gobierno ha ampliado hasta el 10 de septiembre el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Real Decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos en España.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado la ampliación, que extiende el periodo de audiencia pública desde el 4 de septiembre inicialmente previsto hasta el jueves 10 de septiembre a las 17:00 horas. La decisión responde a las solicitudes de distintos agentes del sector, así como a SpainDC, para disponer de más tiempo para analizar el texto.

La norma, elaborada conjuntamente por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, se tramita por la vía de urgencia y pretende establecer un marco específico para ordenar el crecimiento de la infraestructura de centros de datos ante el aumento de la demanda eléctrica asociada a estas instalaciones.

El 80% del consumo deberá respaldarse con renovables

Uno de los principales requisitos del borrador establece que los centros de datos deberán respaldar, cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, bajo determinadas condiciones. El texto también introduce requisitos de eficiencia energética e hídrica, vinculados a los estándares europeos de clasificación de los centros de datos.

En materia de eficiencia, el proyecto plantea como referencia la clase A europea y establece transitoriamente un PUE máximo de 1,15 y un WUE de 0,1 hasta la aplicación del futuro sistema europeo de etiquetado, prevista para agosto de 2027.

La propuesta también contempla obligaciones de información para los centros con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kW, incluyendo datos sobre rendimiento energético, renovables, huella hídrica y demanda.

El sector reclama cambios al texto

La ampliación del plazo llega después de las críticas planteadas por la industria ante algunas de las condiciones incluidas en el borrador. SpainDC ha advertido de que la aplicación de los nuevos requisitos podría afectar a proyectos ya iniciados bajo el marco regulatorio anterior y ha cuestionado especialmente el plazo de seis meses previsto para su adaptación.

Cabe destacar también que no sólo se ha quejado el sector de forma especializada sino que las principales comunidades autónomas, como Madrid o Aragón, Andalucía y Extremadura, también se han pronunciado al respecto mostrando su disconformidad.

Las objeciones también se centran en la obligación de asociar el consumo eléctrico con nueva generación renovable, la correlación horaria, los requisitos de eficiencia y el régimen de recargos previsto en caso de incumplimiento.

La propuesta establece además que los requisitos se aplicarán a los centros de datos que se conecten a la red con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto. El incumplimiento podrá derivar en la pérdida de los permisos de acceso y conexión y en penalizaciones económicas.

El nuevo plazo permitirá ahora a operadores, asociaciones, inversores y administraciones disponer de una semana adicional para presentar sus aportaciones antes de que el Gobierno continúe con la tramitación del Real Decreto.