El Gobierno español trabaja para aprobar antes del 29 de noviembre el Real Decreto que establecerá nuevos requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. Así lo ha confirmado el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, en una entrevista en TVE recogida por EFE

El Ejecutivo pretende cerrar la tramitación de una norma que ha generado críticas en la industria por sus posibles efectos sobre los costes energéticos y la competitividad de España como destino de inversión.

López ha defendido que el crecimiento de estas infraestructuras debe producirse sin trasladar un aumento de la factura eléctrica a los consumidores ni restar suministro a otros sectores económicos.

El 80% de electricidad renovable, punto caliente

El proyecto de Real Decreto plantea que al menos el 80% de la electricidad consumida por los centros de datos proceda de fuentes renovables. La propuesta incorpora requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, además de condiciones vinculadas a la resiliencia y la soberanía digital.

El diseño de las obligaciones energéticas es uno de los aspectos más controvertidos. El sector ha cuestionado especialmente los criterios de adicionalidad —la exigencia de respaldar el consumo con nueva generación renovable— y de correlación horaria, que vincula la cobertura renovable con el consumo en cada hora.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar y flexibilizar estos requisitos. El expediente debe incorporar su dictamen y completar los trámites jurídicos correspondientes antes de que el texto pueda llegar al Consejo de Ministros.

La fecha anunciada es un objetivo del Ejecutivo, no una aprobación ya confirmada. El contenido definitivo también podría diferir del borrador sometido a consulta pública.

Inversión y seguridad energética, en el centro del debate

La futura norma llega en un momento de expansión de los proyectos de centros de datos vinculados a la nube y la inteligencia artificial. Para los operadores, las exigencias energéticas afectan a la contratación de electricidad, la viabilidad financiera de los proyectos y la planificación de nuevas instalaciones.

La patronal Spain DC ha advertido de que el diseño inicial podría poner en riesgo inversiones por valor de 9.000 millones de euros. El Gobierno, por su parte, sostiene que la regulación debe permitir el crecimiento del sector sin comprometer el suministro ni encarecer la electricidad para hogares e industrias.