La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido revisar varios aspectos del proyecto de real decreto que establecerá los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos en España.

Si bien el organismo está de acuerdo con establecer unas regulaciones, también afirma que la propuesta es demasiado estricta y poco viable y que es necesario flexibilizarla.

Las observaciones del regulador llegan mientras el Gobierno acelera la tramitación de la norma, con la intención de aprobarla antes de las elecciones del 29 de noviembre.

En su informe IPN/CNMC/038/26, aprobado el 22 de septiembre y hecho público ahora, la Comisión respalda el objetivo de ordenar el despliegue de estas infraestructuras para evitar que su consumo eléctrico comprometa la electrificación de otros sectores o incremente los costes soportados por los consumidores. Sin embargo, considera que determinados requisitos del borrador necesitan ajustes para garantizar su proporcionalidad y mejorar su encaje en el funcionamiento del sistema eléctrico.

El documento no cuestiona la necesidad de regular el sector, sino la forma en que se han diseñado algunas de las obligaciones propuestas. Entre sus principales recomendaciones figuran flexibilizar la correlación horaria del suministro renovable, revisar los plazos para acreditar nueva generación limpia y adaptar los indicadores de eficiencia energética e hídrica a las características de las instalaciones.

La posición de la CNMC introduce así una dimensión técnica en un debate marcado por la presión del calendario político y las advertencias de la industria sobre el posible impacto de la regulación en las inversiones.

Más de 70 GW entre permisos, solicitudes en trámite y denegaciones

La Comisión fundamenta la necesidad de intervenir en el volumen de proyectos que solicitan acceso a la red eléctrica. Según los datos recogidos en el informe, los centros de datos acumulan alrededor de 12 GW en permisos de acceso concedidos, distribuidos a partes iguales entre las redes de transporte y distribución. A esta capacidad se suman unos 27 GW en solicitudes en tramitación y más de 32 GW en peticiones denegadas.

Estas magnitudes reflejan la presión que los proyectos de centros de datos ejercen sobre la planificación energética, aunque no significan que toda la capacidad solicitada vaya a construirse o convertirse en demanda efectiva.

La CNMC advierte de que una previsión excesivamente optimista del crecimiento puede provocar inversiones en redes que finalmente no sean necesarias. En sentido contrario, si todos los proyectos con permisos concedidos o en tramitación llegaran a materializarse, el sistema tendría que afrontar importantes necesidades adicionales de generación y transporte eléctrico.

El regulador también alerta de que un despliegue sin una planificación adecuada podría elevar los precios de la electricidad y limitar la capacidad disponible para otros consumidores, incluidos la industria, el transporte y los hogares.

Por ello, considera justificado introducir condiciones para los centros de datos, siempre que estén debidamente justificadas y sean proporcionales al impacto que estas instalaciones puedan generar sobre el sistema.

La CNMC cuestiona la rigidez de los requisitos renovables

Uno de los principales puntos de discrepancia se encuentra en los criterios de adicionalidad y correlación horaria contemplados en el proyecto.

El borrador plantea que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico mediante generación renovable adicional y que acrediten una correspondencia horaria entre la electricidad consumida y la producción renovable. También establece condiciones específicas para los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).

La CNMC considera que aplicar estas exigencias de forma rígida puede generar ineficiencias. En particular, advierte de que obligar a desplegar nueva generación renovable en periodos en los que ya existen excedentes, vertidos o precios eléctricos muy reducidos o negativos podría desaprovechar oportunidades para integrar mejor la energía disponible.

Durante el primer semestre de 2026, señala el informe, se registraron casi 600 horas con precios negativos en el mercado diario eléctrico durante las horas solares.

Como alternativa, propone adaptar las obligaciones a las condiciones reales del sistema eléctrico, concentrando los incentivos en los periodos en los que la demanda adicional pueda incrementar los precios, las emisiones o las necesidades de respaldo.

El organismo también pide valorar la contribución de los centros de datos a la flexibilidad de la red mediante almacenamiento energético, gestión de la demanda, reducción temporal de potencia o participación en servicios de ajuste. Estas capacidades, sostiene, podrían contribuir más directamente a la seguridad de suministro que una regulación basada exclusivamente en la adicionalidad renovable y la correlación temporal.

La Comisión considera, además, que la ventana de 18 meses prevista para la puesta en servicio de la generación renovable adicional puede ser insuficiente. También cuestiona el plazo de seis meses para que los proyectos que ya disponen de permisos, pero aún no están conectados, acrediten el cumplimiento de los nuevos requisitos.

Por ello, plantea una aplicación más gradual, especialmente para los proyectos que ya hayan comprometido inversiones o se encuentren en fases avanzadas de desarrollo, y un tratamiento específico para los retrasos que no sean imputables a sus promotores.

Eficiencia energética e hídrica: dos objetivos que pueden entrar en conflicto

El informe también pone el foco en los indicadores de eficiencia energética e hídrica que el borrador exige de forma simultánea durante el periodo transitorio previo al sistema europeo de etiquetado.

La propuesta establece un valor máximo de PUE de 1,15 y un WUE igual o inferior a 0,1. La CNMC considera que la aplicación conjunta de estos umbrales puede resultar excesivamente rígida, especialmente en un país con condiciones climáticas y disponibilidad de agua muy diferentes entre territorios.

El regulador recuerda que reducir el consumo de agua para refrigeración puede incrementar la demanda eléctrica, mientras que determinadas estrategias de optimización energética pueden exigir un mayor uso de agua. Por ello, recomienda valorar ambos indicadores conjuntamente y adaptar las exigencias al futuro sistema europeo de clasificación.

También plantea que se tenga en cuenta el origen del agua utilizada, de forma que el consumo de agua regenerada o de recursos no convencionales no reciba necesariamente el mismo tratamiento que el de agua potable.

Estas observaciones afectan directamente al diseño de los nuevos centros de datos, desde la selección de los sistemas de refrigeración hasta la planificación de las instalaciones y la evaluación de su viabilidad en distintas ubicaciones.

Dudas sobre las penalizaciones y los permisos de acceso

Otro de los aspectos cuestionados por la CNMC es el mecanismo de penalizaciones previsto para los operadores que incumplan los requisitos renovables. El proyecto contempla recargos sobre los peajes de transporte y distribución y los cargos del sistema eléctrico, además de la posibilidad de perder los permisos de acceso y conexión en determinados supuestos.

La Comisión considera que las penalizaciones deberían vincularse de forma más directa al impacto que los incumplimientos generan sobre el sistema. Por ello, propone estudiar mecanismos específicos, como su posible referencia a los costes de financiación de los futuros mecanismos de capacidad, en lugar de utilizar los peajes y cargos regulados.

El organismo también reclama aclarar el reparto de competencias entre la Secretaría de Estado de Energía, la propia CNMC y los gestores de las redes. A su juicio, estos últimos no deberían asumir valoraciones sobre materias como la soberanía digital o la eficiencia energética e hídrica que exceden de su función técnica de evaluar la capacidad de acceso.

La delimitación resulta especialmente relevante porque el proyecto vincula el cumplimiento de los nuevos requisitos al otorgamiento y mantenimiento de los permisos eléctricos.

El calendario político acelera la tramitación

Las objeciones de la CNMC se producen mientras el Gobierno pretende cerrar la tramitación del decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre. Según las informaciones publicadas el 8 de octubre, el Ejecutivo prevé llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre.

El proyecto se encuentra en una fase avanzada, tras recibir el dictamen de la CNMC, y debe completar los trámites restantes antes de su aprobación definitiva. La aceleración del calendario coincide con las críticas de las asociaciones sectoriales y de operadores que consideran que determinadas exigencias podrían incrementar los costes de desarrollo y dificultar la ejecución de proyectos ya planificados.

La regulación también se enmarca en la estrategia del Gobierno para ordenar el crecimiento de las infraestructuras digitales y reforzar la sostenibilidad de una actividad cuyo consumo eléctrico aumenta con la expansión de la inteligencia artificial y los servicios cloud.

El informe de la CNMC no supone un rechazo global a esta estrategia, pero sí identifica modificaciones concretas que el Ejecutivo deberá valorar durante la tramitación. El texto definitivo determinará si se mantienen las exigencias del borrador o se introducen ajustes en los requisitos renovables, los indicadores de eficiencia, las condiciones transitorias y el sistema de penalizaciones.

Para los operadores, el resultado será determinante a la hora de evaluar las condiciones de acceso a la red y la planificación de nuevas inversiones en España.