El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promulgó este martes, 15 de septiembre, en una ceremonia celebrada en el Palacio del Planalto, el proyecto de ley 278/2026, que establece el Régimen Especial de Tributación para los Servicios de Centros de Datos (ReData). La norma establece incentivos fiscales para la instalación de centros de procesamiento de datos en el país, centrándose en infraestructuras dedicadas a la computación en la nube y a la inteligencia artificial.

El texto fue aprobado por el Senado el 1 de septiembre, sin modificaciones de fondo respecto al que procedía de la Cámara de Diputados, donde se había aprobado en febrero con carácter de urgencia, sin pasar por las comisiones. El ponente en el Senado, el senador Cid Gomes (PSB), solo habría realizado ajustes de redacción para evitar que la propuesta tuviera que volver a la Cámara de Diputados. El contenido de ReData se había incluido originalmente en la Medida Provisional 1.318/2025, que perdió vigencia al no someterse a votación en el Congreso, y posteriormente fue presentada de nuevo como proyecto de ley por el entonces diputado José Guimarães (PT-CE), en aquel momento líder del Gobierno en la Cámara de Diputados y actualmente en excedencia de su mandato para dirigir la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia.

El régimen prevé la suspensión del impuesto de importación, del IPI, del PIS/Pasep y de la COFINS —incluso en el régimen de importación— que gravan la adquisición, en el mercado interno o externo, de equipos y componentes de tecnología de la información y la comunicación destinados a centros de datos, beneficio del que se podrá disfrutar durante un máximo de cinco años y que se convierte en exención definitiva tras el cumplimiento de las obligaciones. En el caso del impuesto de importación, el beneficio solo se aplica a productos sin equivalente fabricado en Brasil, y la Zona Franca de Manaos mantiene un tratamiento específico, por lo que la suspensión del IPI no se aplica a determinados artículos producidos en la región.

Según las estimaciones del Gobierno, la renuncia fiscal ascenderá a unos 5.2 mil millones de reales en 2026, con una previsión de 1 mil millones de reales en cada uno de los dos años siguientes. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que alrededor del 60 % de los datos y recursos de inteligencia artificial utilizados en Brasil se procesan en el extranjero, una tendencia que se atribuye, en parte, a los costes fiscales.

Por el contrario, las empresas acreditadas en el ReData deberán destinar al menos el 10 % de su capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos al mercado brasileño, sin posibilidad de exportar o retener dicha parte; cumplir criterios de sostenibilidad, con suministro de energía eléctrica procedente de fuentes renovables o de bajas emisiones; mantener un índice de eficiencia hídrica de, como máximo, 0,05 litros de agua por kilovatio-hora; e invertir en el país el equivalente al 2 % del valor de los productos adquiridos gracias a las ayudas. Las empresas establecidas en el Norte, el Nordeste, el Centro-Oeste o en zonas de las agencias de desarrollo regional ven reducidos estos requisitos al 8 % y al 1,6 %, respectivamente, y al menos el 40 % de las inversiones destinadas a fomentar la economía digital deben dirigirse a estas regiones.

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar al cobro de los impuestos suspendidos, con intereses y multa, y, en el caso del objetivo de abastecimiento del mercado interno, a la suspensión de los beneficios para nuevas compras —lo que se traducirá en la anulación de la autorización si la irregularidad no se subsana en un plazo de 180 días—. La incorporación al régimen dependerá de la autorización del Ministerio de Hacienda, y la supervisión corresponderá a este ministerio y al Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.