La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) resolvió retirar el tendido de fibra óptica colocado de forma ilegal por varias empresas privadas que utilizaban sus columnas y líneas eléctricas sin autorización oficial. La medida surge tras una denuncia presentada por la estatal de telecomunicaciones Antel, que alertó sobre el uso indebido de infraestructura pública por parte de operadores de televisión y proveedores de internet en distintos departamentos uruguayos.

Según ha informado el periodista Eduardo Preve, el directorio de UTE aprobó la resolución en las últimas horas, luego de constatar las instalaciones irregulares efectuadas por cableoperadoras, algunas vinculadas a grupos extranjeros como el argentino Grupo Clarín. Estas compañías habrían empleado el tendido eléctrico estatal para desplegar servicios de fibra óptica y competir comercialmente con Antel, reduciendo costos de infraestructura a costa de la seguridad y la legalidad.​

La práctica fue detectada en zonas del interior del país, especialmente en los departamentos de Salto y Paysandú, donde trabajadores contratados en Argentina realizaron las obras de instalación. Además del perjuicio económico para Antel, se señaló que esta actividad representa un riesgo para los operarios, debido a la cercanía de los cables eléctricos durante la colocación de repetidores de señal.​

El presidente de Antel, Alejandro Paz, llevó el reclamo ante el directorio de UTE, que a su vez trasladó el caso al Poder Ejecutivo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, confirmó que su cartera supervisa el proceso de retiro y analizará posibles sanciones a las empresas involucradas.​

El organismo estatal enfatizó que la utilización de infraestructura pública sin permiso constituye una infracción grave y que las tareas de remoción del cableado comenzarán en los próximos días en las localidades donde se detectaron los tendidos ilegales.​

Con esta decisión, UTE busca reafirmar el control sobre su red de distribución y garantizar que la expansión de los servicios de telecomunicaciones privados se realice dentro del marco regulatorio vigente y con estándares de seguridad adecuados.