El Gobierno de Uruguay ha aplazado temporalmente la segunda licitación de espectro compatible con la tecnología 5G, informa Telecompaper. El proceso, en preparación desde septiembre de 2026, se retomará previsiblemente a comienzos de 2027, una vez concluida la revisión de aspectos técnicos del decreto que establece las reglas para la concesión de las frecuencias, declaró Gonzalo Balseiro, presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), el organismo encargado de regular las telecomunicaciones en el país.

Según explicó Balseiro, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) está revisando puntos técnicos del decreto que habilita la licitación, por lo que el proceso quedó en suspenso mientras se analizan esas cuestiones.

El titular de la Ursec indicó que la documentación del concurso debería publicarse entre enero y febrero de 2027. Detalló que la elaboración del pliego requiere unos 60 días, un plazo que dificulta completar los preparativos antes de que termine 2026.

Pese al aplazamiento, se mantiene la previsión de que la licitación se lleve a cabo. Por el momento, sin embargo, no se han dado a conocer los cambios en estudio ni un calendario definitivo.

La licitación busca poner a disposición nuevas frecuencias para ampliar la capacidad y la cobertura de las redes 5G del país, un despliegue en el que destaca el operador estatal Antel, que ha alcanzado las 900 radiobases 5G y avanza hacia una arquitectura 5G Standalone (SA), según recogió DCD.

El decreto publicado en septiembre de 2026 contempla la oferta de frecuencias en tres bandas:

• 900 MHz: un bloque de 4+4 MHz, con concesión por 20 años. Al tratarse de una banda baja, resulta especialmente adecuada para extender la cobertura geográfica, llegar a zonas rurales y mejorar la penetración de la señal en interiores.
• 1.700/2.100 MHz (AWS): un bloque de 5+5 MHz, con concesión por 25 años, orientado a reforzar la capacidad de las redes y atender la demanda de tráfico de datos, sobre todo en áreas urbanas.
• 26 GHz: diez bloques de 200 MHz, con concesión por 25 años. Esta banda de ondas milimétricas permite ofrecer altas velocidades y baja latencia en zonas acotadas, con potencial para aplicaciones industriales y entornos con gran concentración de usuarios.

La combinación de las tres bandas pretende responder a distintas necesidades de las redes móviles: cobertura territorial, capacidad de transmisión y aplicaciones que exigen alto rendimiento.

La planificación inicial fijaba precios mínimos de US$ 7,5 millones para los bloques de 900 MHz y de AWS, y de US$ 1,86 millones por cada bloque de 200 MHz en la banda de 26 GHz. Según publicó la prensa regional, entre ella el Diario La República, el Gobierno aspiraba a recaudar al menos US$ 33,6 millones con la concesión de las frecuencias.

En el proceso podrían participar los operadores móviles ya presentes en el país —Antel, Claro y Tigo, marca con la que Millicom opera en Uruguay tras adquirir la totalidad de las acciones de Telefónica Móviles del Uruguay por cerca de US$ 440 millones—, además de otros proveedores de telecomunicaciones que cumplan los requisitos de participación.

La propuesta supone una nueva etapa en la política de asignación de espectro de Uruguay, que busca ampliar las posibilidades de expansión del 5G y abrir oportunidades a distintos actores del mercado.

Cabe señalar que estos valores y condiciones corresponden a la planificación divulgada antes del aplazamiento, por lo que el pliego definitivo podría introducir ajustes en las reglas del concurso.

Además de la revisión del decreto, la agenda internacional de telecomunicaciones podría influir en futuras decisiones sobre el uso del espectro en Uruguay.

Balseiro afirmó que algunas definiciones relacionadas con las frecuencias deberán esperar a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027 (CMR-27), organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que se celebrará en Shanghái (China). La cita abordará cuestiones relativas al uso y la coordinación del espectro radioeléctrico, incluidos temas relevantes para el desarrollo de nuevos servicios de conectividad.

De acuerdo con el presidente de la Ursec, el sector está probando distintas soluciones tecnológicas, pero algunas decisiones dependen de definiciones regulatorias más amplias. En su opinión, la conferencia podría servir de orientación a los países que aún no han fijado una posición sobre determinadas bandas y aplicaciones.

El asunto es especialmente relevante para los servicios que combinan redes móviles y conectividad satelital, como las comunicaciones directas entre satélites y teléfonos móviles, conocidas como direct-to-cell (D2C), una modalidad que ya ha comenzado a implantarse en otros mercados de la región, como Ecuador. En Uruguay, varias empresas de comunicaciones por satélite ya cuentan con autorización para operar, aunque la disponibilidad comercial de algunos servicios varía según el proveedor.

El aplazamiento retrasa la llegada de nuevas frecuencias que podrían contribuir a ampliar la cobertura y la capacidad de las redes 5G en el país. La banda de 900 MHz podría favorecer la conectividad en zonas rurales y áreas con menor cobertura; la banda AWS, aumentar la capacidad en lugares con mayor demanda de datos; y la de 26 GHz, abrir posibilidades para aplicaciones industriales, redes de alta capacidad y servicios que dependen de baja latencia.

Para los operadores, la licitación representa también una oportunidad de obtener recursos adicionales para desarrollar sus redes y acompañar el crecimiento del tráfico de datos. El proceso se enmarca, además, en un contexto de inversiones en infraestructura digital en el país, como el plan de US$ 750 millones anunciado por Antel para fibra óptica y data centers y la estrategia para posicionar a Uruguay como hub digital regional.

En cualquier caso, el aplazamiento no supone una suspensión del desarrollo del 5G en Uruguay. La medida afecta únicamente al proceso de concesión de estas nuevas frecuencias y no implica una interrupción de las redes que ya están en funcionamiento.

La publicación del pliego, prevista para comienzos de 2027, marcará el próximo hito para conocer las condiciones efectivas de participación, los plazos y el desarrollo del concurso.