Desde que se hiciera público a final de agosto la intención del Gobierno de imponer un nuevo marco regulatorio para regular el crecimiento de los centros de datos y evitar una expansión especulativa, los diferentes actores del mercado, desde SpainDC, a las Comunidades Autónomas pasando por diferentes empresas del sector, vienen presentando alegaciones y alzando la voz ante su disconformidad con el mismo.

Ante esta situación, el Gobierno español estudia revisar algunas de las exigencias incluidas en el proyecto de Real Decreto para regular los nuevos centros de datos, tras las críticas recibidas durante el periodo de consulta pública. La posible flexibilización, sin embargo, tendrá un límite claro: evitar que el crecimiento de estas infraestructuras genere costes adicionales para los consumidores o incremente la presión sobre la red eléctrica.

El texto plantea nuevos requisitos en materia de sostenibilidad energética, eficiencia y consumo de renovables, algunos de los cuales han sido cuestionados por su posible impacto sobre la viabilidad de proyectos ya previstos en España.

El reto de absorber la nueva demanda

Uno de los principales debates gira en torno al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica asociada a los centros de datos y a las inversiones necesarias para adaptar las redes a esta nueva carga.

El Ejecutivo quiere evitar que el desarrollo de grandes infraestructuras digitales obligue a realizar refuerzos de la red cuyo coste termine repercutiendo sobre hogares o industrias. La intención es encontrar fórmulas que permitan seleccionar y desarrollar proyectos sin comprometer la capacidad del sistema eléctrico ni elevar el coste de la electricidad para el resto de consumidores.

Este aspecto se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre la necesidad de acelerar el despliegue de capacidad digital para la nube y la inteligencia artificial y la capacidad real de las redes para atender concentraciones de demanda cada vez mayores.

Renovables y requisitos en revisión

Entre las medidas que han generado mayor debate figura la obligación inicialmente planteada de vincular el 80% del consumo eléctrico de los nuevos centros de datos a nueva generación renovable. El sector ha advertido de que este tipo de requisitos, junto con otras exigencias previstas en el borrador, podrían dificultar la ejecución de parte de las inversiones anunciadas en España.

El Gobierno se muestra ahora abierto a revisar determinadas condiciones, aunque sin renunciar al objetivo de ordenar el crecimiento del sector desde el punto de vista energético. El desafío será definir qué exigencias pueden flexibilizarse sin trasladar el coste de la expansión de la infraestructura eléctrica al conjunto del sistema.

La futura regulación se encuentra así en una fase de revisión en la que deberá equilibrar dos objetivos: facilitar el desarrollo de centros de datos considerados estratégicos para la digitalización y la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, garantizar que su elevada demanda eléctrica pueda integrarse en la red sin generar un impacto negativo sobre consumidores e industria.