El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite la primera demanda contencioso-administrativa contra la expansión de centros de datos en España, dirigida contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que impulsa los campus de AWS.

La demanda, presentada por Ecologistas en Acción y colectivos como Tu Nube Seca Mi Río, cuestiona la legalidad de las medidas que aceleran estas infraestructuras en cinco municipios: Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro, Zaragoza y La Sotonera.

Revisión judicial del modelo de hiperescala

El PIGA reduce plazos de licencias de 4-5 años a 10-18 meses, otorga ventajas fiscales y declara estos proyectos de interés estratégico, expandiendo suelo dedicado de 42,8 a casi 400 hectáreas. Los demandantes, asesorados por Fons de Defensa Ambiental, alegan opacidad en impactos hídricos y energéticos, falta de evaluación ambiental detallada y priorización de hyperscalers sobre necesidades locales en un contexto de estrés climático.

El tribunal ha concedido 20 días para peritajes sobre 86.000 folios y 25 GB de documentación, un desafío logístico que los activistas atribuyen a “contabilidad creativa” en proyecciones de empleo y beneficios económicos.

Aragón como polo digital en tensión

La región atrae operadores globales gracias a su mix renovable, suelo industrial y conectividad, configurando un clúster que AWS califica de “tormenta perfecta” para IA y cloud. Leyes como la Cloud aragonesa han catalizado llegadas de Amazon, Microsoft y otros, pero generan debate sobre soberanía de recursos en un mercado donde data centers consumen agua equivalente a ciudades medianas y megavatios constantes.

Este caso podría sentar precedente para litigios similares en España y Europa, donde la UE impulsa gigafactorías de IA mientras países como Países Bajos e Irlanda imponen moratorias para evaluar sostenibilidad.