En el marco del Día Internacional de los Centros de Datos, SpainDC ha presentado su Informe Anual 2025 del sector en España, un documento que confirma el posicionamiento del país como uno de los principales candidatos a hub digital del sur de Europa.

A pesar del optimismo derivado de las previsiones de crecimiento, éste ha quedado parcialmente eclipsado por la preocupación del sector ante el nuevo marco regulatorio impulsado por el Gobierno.

Un mercado en plena fase de escala

El informe, elaborado en colaboración con Pb7 Research, dibuja un escenario de expansión acelerada. Bajo un escenario tendencial, la industria podría movilizar hasta 66.900 millones de euros en inversión directa e indirecta hasta 2030, consolidando una fase de crecimiento sin precedentes.

El mercado cerró 2025 con 439 MW de potencia TI instalada en centros comerciales —incluyendo colocation e hyperscale—, lo que supone un incremento interanual del 24%. De mantenerse esta trayectoria, la capacidad total podría alcanzar los 2.537 MW al final de la década, multiplicando por seis el tamaño actual del mercado.

En paralelo, el impacto macroeconómico también se intensifica. El sector podría aportar hasta 7.300 millones de euros anuales al PIB y generar más de 16.000 empleos en 2030, reforzando su papel como vector estratégico para la economía digital.

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, subrayó que el crecimiento ha sido especialmente dinámico fuera de Madrid, con Aragón y Cataluña consolidándose como polos clave junto a la capital.

Asimismo, destacó el papel transformador de la inteligencia artificial en la demanda de infraestructuras. El aumento de densidades de potencia —que ya se sitúan entre 30 y 50 kW por rack— está obligando a rediseñar los espacios y elevando significativamente la presión sobre la red eléctrica.

Regulación bajo escrutinio

Pese a las sólidas previsiones, el foco de la presentación se desplazó hacia el impacto del Real Decreto-ley 7/2026, que ha generado inquietud en la industria.

SpainDC cuestiona especialmente la introducción de un comité de expertos encargado de priorizar el acceso a la red eléctrica, al considerar que introduce un elevado grado de discrecionalidad. “Se abre un espacio de incertidumbre que España no puede permitirse; no sabemos bajo qué criterios se decidirá”, advierte la asociación.

Desde la patronal señalan que este mecanismo no tiene equivalentes en otros mercados europeos, lo que podría situar a España en desventaja competitiva en un momento clave para la atracción de inversión.

“Un decreto concebido para gestionar una crisis no puede acabar generando una nueva crisis: la de la confianza”, recoge el posicionamiento oficial del sector.

Infraestructura crítica para la soberanía digital

La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, puso el acento en el carácter estratégico de los centros de datos, más allá de su dimensión industrial.

“Son una infraestructura habilitante. Sin ellos, no habría economía digital y dejaríamos de ser un país autónomo para ser dependiente”, afirmó.

En este sentido, Villacís abogó por una mayor coordinación entre administraciones y sector privado, así como por marcos regulatorios previsibles, planificación energética y el impulso del talento como condiciones necesarias para sostener el crecimiento.

Por su parte, el director técnico de la asociación, Alejandro Fuser, defendió el rigor metodológico del informe, basado en el modelo Rómulo y en encuestas directas a operadores. Entre sus conclusiones, destaca que el 77% de los profesionales del sector considera crítico contar con acceso prioritario a la red eléctrica y con procedimientos administrativos más ágiles.