Telefónica ha comunicado formalmente a los sindicatos su intención de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) en siete sociedades del grupo, entre ellas Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.
Si bien la compañía aún no ha confirmado cifras oficiales, fuentes sindicales y medios estiman que entre podrían verse afectados entre 6.000 y7.000 empleados.
La presentación de la memoria justificativa del ERE está prevista para el 24 y25 de noviembre, y la compañía busca cerrar un acuerdo antes de fin de año para contabilizar los costes en las cuentas de 2025. No obstante, el proceso ya ha generado rechazo entre los sindicatos. UGT exige que las salidas sean voluntarias, que no haya despidos forzosos y que las condiciones económicas sean equiparables al ERE de 2024. Otros sindicatos, como Sumados-Fetico, reclaman que el proceso sea universal y no discriminatorio, con condiciones dignas para quienes decidan abandonar la compañía.
Este ERE plantea varios riesgos estratégicos. Las sociedades afectadas, especialmente Telefónica Innovación Digital y Global Solutions, son clave para la transformación tecnológica del grupo. La pérdida de talento podría ralentizar proyectos de digitalización, cloud, automatización o inteligencia artificial. Además, la reducción de plantilla en áreas operativas críticas podría minar la resiliencia de infraestructuras de red y centros de datos, esenciales para la continuidad de servicios y la seguridad digital.
El ERE forma parte de un plan de ahorro de costes que Telefónica ha diseñado para los años 2026-2030, con ahorros operativos previstos de varios miles de millones de euros. No obstante, el coste financiero del ERE podría afectar al flujo de caja libre y, por tanto, al dividendo futuro, según advierten analistas.
Telefónica es un actor estratégico en la infraestructura digital española y europea. Un recorte masivo de personal puede tener implicaciones para la soberanía digital y la gobernanza, al reducir la capacidad de operar y mantener infraestructuras críticas. La negociación con los sindicatos será clave para asegurar que el proceso no degrade las condiciones laborales ni la cohesión interna, factores esenciales para la estabilidad organizativa y la continuidad de la transformación digital.
Este ERE no es solo un ajuste laboral: es una pieza clave de la transformación estratégica de Telefónica. Desde la óptica de DCD, el reto es garantizar la resiliencia operativa, la seguridad digital y la continuidad de la innovación, mientras se gestiona el impacto social y financiero del proceso.
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