El proyecto Chile-China Express (CCE), un cable submarino de fibra óptica de 19.873 km entre Concón (región de Valparaíso) y Hong Kong, prometía una capacidad de hasta 16 terabits por segundo por fibra, con 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena. Esta infraestructura, gestionada al 100% por China Mobile International (CMI), buscaba posicionar a Chile como hub digital del Pacífico Sur, reduciendo la dependencia de rutas del hemisferio norte y complementando iniciativas como el cable Humboldt (Google-Valparaíso-Sidney).

El cable habría conectado directamente con Asia, transportando grandes volúmenes de datos para cloud computing, IA y telecomunicaciones, con un diseño que incluía múltiples fibras para alta redundancia. Expertos destacan su potencial para bajar latencias en conexiones transpacíficas, clave para data centers en expansión en Valparaíso y Santiago. Sin embargo, su operación exclusiva por CMI generó alertas sobre control soberano y posibles vulnerabilidades en la cadena de suministro de equipos.​

El frenazo del Gobierno y la intervención de EE.UU.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones concedió inicialmente la autorización el 27 de enero de 2026, pero la revocó apenas dos días después por “errores técnicos”. La decisión respondió a alertas confidenciales de Estados Unidos sobre riesgos de ciberseguridad y espionaje, lo que derivó en la revocación de visas a tres funcionarios chilenos, incluido el ministro Juan Carlos Muñoz. Washington argumentó que el proyecto “socavaba la seguridad regional” al ceder control de infraestructura crítica.

Crisis política en el traspaso de mando

La polémica ha fracturado el relevo entre el presidente saliente Gabriel Boric y el electo José Antonio Kast, quien canceló diálogos por falta de transparencia. Kast cuestionó la gestión del expediente y exigió mayor coordinación, marcando uno de los traspasos más tensos desde el retorno a la democracia en Chile.

Cables submarinos: la “carretera de la información” en disputa

Estos sistemas transportan el 95% del tráfico mundial de datos, convirtiéndolos en activos críticos vulnerables a sabotajes o fallos, como los registrados en Tonga (2022) o el Báltico por tensiones geopolíticas. Especialistas como John Griffiths (AthenaLab) advierten: “Quien controle los cables tiene una ventaja sustantiva”. Chile, con su posición estratégica, impulsa también el cable Humboldt y evalúa rutas hacia Oceanía para diversificar y fortalecer su rol como plataforma digital regional.

Hacia un marco regulatorio más robusto

El caso evidencia la necesidad de un Comité de Ministros (Transportes, Exteriores, Defensa, Economía) para evaluar proyectos sensibles, con énfasis en ciberseguridad, redundancia y soberanía. Como resume Pilar Lizana, “Chile debe equilibrar inversión con seguridad en esta competencia entre potencias”. La suspensión deja en suspenso el futuro del CCE, pero acelera debates sobre cómo posicionar al país en la carrera global por la conectividad submarina.