El Govern de les Illes Balears ha puesto en funcionamiento un nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) destinado a reforzar la continuidad de los servicios digitales de la Administración autonómica y del Servei de Salut.

La nueva instalación se integra con el CPD de Sant Pere, ya operativo, para crear una arquitectura distribuida y redundante. Según el Govern, cada centro puede asumir el 100 % de la operativa tecnológica en caso de que el otro quede fuera de servicio.

El objetivo es reducir la dependencia de una única instalación para alojar sistemas y aplicaciones críticas de la Administración.

Redundancia eléctrica, térmica y de comunicaciones

El nuevo CPD ha sido diseñado con un nivel equivalente a Tier III y una disponibilidad anunciada superior al 99,982 %. La infraestructura incorpora redundancia en los sistemas eléctricos, de refrigeración y de comunicaciones.

Uno de los elementos destacados es su sistema de climatización mediante circuito cerrado de refrigeración, que permite operar sin consumo de agua, según la información facilitada por el Govern.

Una segunda capa de infraestructura digital en Baleares

La puesta en marcha del CPD público se produce pocos meses después de que Infotelecom inaugurara en Palma un centro de datos privado en Son Castelló. Esa instalación, presentada en junio, está orientada a servicios cloud, alojamiento y procesamiento y forma parte de una red que la compañía complementa con sus centros de Ciutadella y Maó.

Son, por tanto, dos desarrollos diferentes. Mientras Infotelecom está ampliando la capacidad privada de infraestructura digital de proximidad en el archipiélago, el Govern está reforzando ahora la resiliencia de sus propios sistemas mediante una arquitectura de CPD distribuida.

La diferencia es relevante para un territorio insular, donde la disponibilidad de las comunicaciones y de las plataformas digitales resulta especialmente importante para mantener servicios públicos críticos.

Soberanía y continuidad del dato público

El nuevo CPD forma parte de una estrategia orientada a mantener bajo control público la infraestructura que soporta los servicios digitales de la Administración. Más allá de la capacidad computacional, el proyecto introduce una segunda ubicación física para mejorar la recuperación ante fallos.

La arquitectura también permite realizar tareas de mantenimiento sobre una instalación mientras la otra mantiene los servicios, reduciendo el riesgo asociado a depender de un único emplazamiento.

El caso balear muestra así una segunda dimensión de la soberanía digital: no solo disponer de infraestructura de procesamiento dentro del territorio, sino contar con suficiente redundancia física para garantizar que los servicios públicos puedan continuar operativos ante una incidencia.

La combinación de infraestructura pública redundante y una creciente oferta privada de centros de datos está configurando un ecosistema digital más distribuido en Baleares, con la resiliencia y el control sobre los datos como elementos centrales.