Europa va a desplegar cinco grandes gigafactorías de inteligencia artificial. Para ello, la Unión Europea ofrece una financiación del 17% del coste, por lo que, si España quiere optar a una de las sedes deberá buscar en torno a 4.000 millones de euros.

Más deuda que subvención

Cada centro de datos de alta capacidad asociado a EuroHPC recibiría unos 850 millones de euros en subvención directa, destinados a la compra de supercomputadores, servidores y equipamiento de alto rendimiento. Sin embargo, esa aportación cubre solo una fracción, pequeña, del coste total, cercano a los 5.000 millones por sede, de los cuales el 83% restante se articulará a través de InvestAI, el instrumento financiero europeo basado en préstamos y garantías gestionados por el BEI y bancos nacionales.​

Para que esos recursos se activen, el Estado miembro debe asumir un compromiso firme y actuar, en la práctica, como avalista último del proyecto, asumiendo el riesgo en sus cuentas nacionales. Bruselas se distancia así del modelo de transferencias a fondo perdido de los Next Generation y convierte el montaje en una operación más cercana a una financiación corporativa a gran escala.​

Due diligence estricta y riesgo de perder la sede

Antes de liberar un solo euro de InvestAI, una entidad financiera deberá realizar una due diligence profunda sobre cada candidatura, evaluando ingresos previstos, estructura de costes, riesgos operativos y capacidad de repago. Si el banco concluye que el plan no es viable, el préstamo se deniega y, automáticamente, se pierde tanto la financiación como el 17% de subvención directa, dejando a España sin la sede de la gigafactoría.​

A esta presión financiera se suman los costes de operación, especialmente el consumo eléctrico masivo y continuo de este tipo de centros de datos, que no están cubiertos por los fondos europeos. Esa factura deberá salir de los ingresos del propio centro o, en su defecto, del bolsillo de los socios, por lo que la viabilidad real dependerá de la capacidad de operar de forma eficiente durante décadas.​

Madrid entra en la ecuación y Cataluña se complica

En paralelo al diseño financiero, el Gobierno ha modificado sobre la marcha su propuesta de localización. La inclusión de Madrid como parte del proyecto se interpreta menos como un giro estratégico y más como un intento de tapar el bloqueo de la candidatura original de Móra la Nova (Tarragona), que arrastra problemas que comprometen su viabilidad.​

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, presentó el proyecto como un “tándem territorial” Madrid–Cataluña destinado a convertir a España en un “campeón imparable de la IA”, en un mensaje orientado al escaparate internacional. Sin embargo, el calendario juega en contra: Bruselas exige que las gigafactorías estén operativas entre 2027 y 2028, mientras que los plazos actuales apuntan más allá de 2030, en tensión con los criterios europeos.​

Oportunidades perdidas y competencia europea

La pieza subraya que el Ejecutivo llegó a barajar alternativas más alineadas con esos plazos, como la integración del complejo Arasur de Merlin Properties, ya construido y con capacidad para estar operativo en 2026. Esa vía rápida habría reforzado la credibilidad de la candidatura española, pero fue descartada junto a otras posibles alianzas, un patrón de decisiones que, según las fuentes consultadas, pesa ahora en la valoración de Bruselas.​

Mientras Francia y Alemania parecen tener prácticamente asegurada su plaza, sólo quedan tres sedes en disputa para el resto de países, con España compitiendo en la recta final con un proyecto redefinido sobre la marcha y sujeto a un exigente filtro financiero.