La Comisión Europea acaba de emitir los textos jurídicos que establecerán el Escudo de la privacidad UE-EEUU (EU-U.S. Privacy Shield) y ha expuesto las medidas adoptadas a lo largo de los últimos años para recuperar la confianza en los flujos de datos transatlánticos desde las revelaciones hechas en 2013 sobre la vigilancia de las comunicaciones.

Esta iniciativa tiene su origen en la querella presentada por el austriaco Maximilian Schrems, a quien la justicia europea le dio razón tras presentar una demanda contra Facebook, acusando a la red social de colaborar con los programas de espionaje masivo de las autoridades de EE.UU, haciendo seguimiento de los datos de los usuarios, algo considerado ilegal por la legislación de Europa.  El Tribunal Europeo de Justicia anuló la decisión de homologar los sistemas norteamericanos de protección de datos respeto a la legislación europea, y así se puso en marcha la formulación de un nuevo acuerdo.

La UE sustituye así al anterior acuerdo Safe Harbor,  revocado por el Tribunal  Superior de Justicia Europeo debido a que los datos de los europeos enviados y almacenados en los EEUU no recibían la protección adecuada debido a la exhaustiva labor de vigilancia de masas, en nombre de la seguridad ciudadana. Era prioridad máxima en la redacción del nuevo acuerdo determinar un marco que garantizase un mayor nivel de protección, en el que gigantes tecnológicos en Europa como Facebook, Apple, Google y Microsoft también estaban desprotegidos.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, dijo que EEUU «ha dado garantías» de que las intervenciones de sus servicios secretos «estarán limitadas de forma clara» y no tendrán autorizada la vigilancia de masa a los europeos, «un paso único para restablecer la confianza en las relaciones transatlánticas». Yendo más allá, la Comisión Europea verificará el cumplimiento de esas condiciones anualmente.

El nuevo acuerdo conjunto entre los EEUU y la Unión Europea reúne una serie de condiciones entre las cuales destacan que las empresas deberán resolver las quejas en el plazo de 45 días además de exigir al gobierno de EEUU el cumplimiento de garantías claras y obligaciones de transparencia en el acceso a los datos. Por último, EEUU tendrá que contar con un defensor del pueblo independiente para velar por los derechos de los europeos.