ASTIC, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y TIC de la Administración del Estado, ha solicitado al Gobierno la creación de la figura del Director Ejecutivo de Información o CIO como máximo responsable de las estrategias y recursos dedicados a las TI.

Según esta entidad, estaría en el primer nivel directivo de la Secretaría del Estado o Agencia Estatal creada. Este CIO, junto con su equipo de expertos, desarrollará un plan de actuación cuyo objetivo es alcanzar la provisión y gestión centralizada de las infraestructuras TI, abarcando los servicios de telecomunicaciones, las infraestructuras de procesamiento, las aplicaciones comunes, las herramientas de productividad personal y las aplicaciones que soportan procesos horizontales.

Ésta es una de las recomendaciones que ha enviado la ASTIC a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para aportar sus propuestas a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, cuya creación fue aprobada el pasado 26 de octubre de 2012 por el Consejo de Ministros.

Este ofrecimiento, especialmente en lo referente a la “gestión de servicios y medios comunes”, se ha materializado mediante el envío al Gobierno del documento “Una Administración General del Estado para la Sociedad de la Información”, que recoge la visión de ASTIC sobre la reforma de la Administración, en general, y sobre la gestión de su uso de la Tecnología, en particular.

Según la ASTIC, la reforma de la gestión de las TIC en la Administración no puede abordarse de forma aislada, sino dentro de una reforma general de la gestión de los recursos comunes. Junto a la proposición de un CIO para la Administración, la asociación pretende promover otros aspectos:

- Centralización y racionalización de todos los servicios y recursos comunes de la Administración en una Secretaría de Estado o Agencia Estatal. Las distintas infraestructuras y servicios tecnológicos replicados en Ministerios y organismos públicos tienen la función de soportar procesos de gestión para cada uno de ellos, habiendo dado lugar a duplicidades en el seno de la Administración. La racionalización de estos elementos tecnológicos carece de sentido si no va de la mano de la racionalización de los procesos, consolidando unos servicios comunes que sean soportados por un único organismo.

- Reforzar el papel estratégico de los responsables de Tecnologías de la Información y Digitalización de los Ministerios y organismos. Sobre las infraestructuras y servicios TIC del catálogo de provisión centralizada, los Directores de Digitalización Sectoriales (Chief Digital Officer, CDO en Inglés) serán los responsables de los servicios y aplicaciones propias del área de acción pública de cada Ministerio u organismo, que soportan la ejecución de políticas públicas sectoriales y la relación de las entidades con los ciudadanos.

- Creación y dotación de medios a la oficina del CIO de la Administración General del Estado. Los expertos que conforman esta oficina serán los responsables de ejecutar el plan de actuación diseñado, y consecuentemente, de gestionar sus RRHH y los créditos de los Ministerios, organismos autónomos y entidades empresariales que se les adscriban al asumir el catálogo de servicios e infraestructuras de gestión centralizada. Entre otras tareas que recaerán en esta oficina se encuentran: la definición de arquitecturas y estándares, la gestión financiera, la definición del portafolio de proyectos, el establecimiento de un nuevo modelo de organización de los recursos humanos, la identificación de las necesidades de negocio comunes a las unidades Administrativas o el control de las oficinas de dirección de proyectos.

La reforma de la Administración, sustentada en las capacidades de las TIC como generadoras de ahorro, de optimización y eficiencia, permitiría, según ASTIC, abordar estrategias centralizadas de largo alcance tendentes a generar eficiencias estructurales en la Sociedad y la Administración.

Como ejemplo concreto, ASTIC resalta que una digitalización progresiva e incentivada de todos los servicios y procedimientos introduciría una reducción estimada del coste de transacción para ciudadanos de un 93%, que en el caso de la Administración, llegaría a un 96%.

De igual modo, el desarrollo de estrategias centralizadas de datos abiertos y grandes volúmenes de datos (Open Data y Big Data) que explotasen todo el potencial de la información pública permitiría, de acuerdo con los expertos, desarrollar un sector de actividad de 3.400 millones de euros anuales, con ahorros para la Administración por valor de 12.750 millones de euros.