España se ha colocado en el noveno puesto del ranking global sobre legislación dirigida al crecimiento del cloud computing realizado por la Business Software Alliance (BSA), un informe en el que se han analizado las políticas gubernamentales con respecto a la nube de 24 países.

El estudio BSA Global Cloud Scorecard, que evalúa las leyes de los países que representan el 80% de la información del mundo y la tecnología de las telecomunicaciones, determina que España cuenta con una legislación integral de privacidad, aunque depende en gran medida de un proceso de registro de datos que podría actuar como barrera para los servicios de cloud computing.

España también dispone de una legislación relativa a delitos cibernéticos, comercio electrónico global y firma electrónica, y tiene una excelente infraestructura de TI y una creciente penetración de banda ancha. Existen más lagunas, no obstante, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, especialmente relativa a la responsabilidad de los proveedores de Internet.

Resultados no tan optimistas

Pero pese a la buena posición de España, la BSA advierte de que el actual mosaico de leyes y reglamentos contradictorios puede amenazar el futuro prometedor del mercado de cloud computing. La organización estadounidense recomienda a los gobiernos armonizar sus políticas para suavizar el flujo de datos a través de las fronteras.

Como demuestra el informe, a nivel mundial existe una gran diferencia en la preparación a la nube entre las economías avanzadas y el mundo en desarrollo. Así, Japón, Estados Unidos y la UE han establecido bases legales sólidas para el crecimiento del cloud, pero en China, India y Brasil tienen más trabajo para integrarse en el mercado de la nube.

En concreto, Brasil terminó en el último lugar del ranking, logrando solo 35,1 puntos de un máximo de 100, por causa de sus políticas en áreas como libre comercio, seguridad, privacidad de datos y delitos cibernéticos.

“Los verdaderos beneficios del cloud computing vienen con escala”, destaca el presidente y CEO de BSA, Robert Holleyman.

“En una economía global, debe ser posible obtener la tecnología necesaria para uso personal o de negocios a partir de servidores situados en cualquier parte del mundo. Pero eso requiere leyes y reglamentos que permitan el flujo de datos fácilmente a través de las fronteras. En este momento, muchos países tienen reglas demasiado diferentes que se interponen en el camino de la clase de comercio de servicios digitales que realmente necesitamos”, concluye.