El Gobierno portugués decidió a finales de la pasada semana decantarse por una posición proteccionista en la contienda que mantienen Portugal Telecom y Telefónica por hacerse con el control absoluto de Vivo, su filial conjunta de móviles en Brasil.
El Ejecutivo luso recurrió a su “acción de oro” en el antiguo monopolio estatal, y vetó la operación de compra de Telefónica en contra de los accionistas.
La decisión gubernamental se enfrenta así al deseo de los propios dueños de la compañía, ya que el 73,9% de los accionistas de Portugal Telecom había aceptado la última oferta de compra de Telefónica, fijada en 7.150 millones de euros, aproximadamente un 10% más elevada que su proposición inicial de 6.500 millones de euros.
La acción de oro es una forma de denominar ciertos derechos especiales que los Estados se reservan cuando privatizan empresas públicas de sectores estratégicos, con el fin de proteger los intereses de los ciudadanos.
No obstante, esta iniciativa podría ser considerada ilegal por la Unión Europea. Así, nada más conocerse la decisión de Portugal, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier utilizó el calificativo de "injustificada" para referirse a la medida.
Este mismo jueves, 8 de julio, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se pronunciará al respecto de su legalidad. Si, como ha sucedido en otras ocasiones, la sentencia confirma la opinión expresada previamente por el abogado general del Tribunal, el fallo declarará ilegales los derechos especiales del Estado sobre la compañía de telefonía.
La Comisión Europea ha insistido en que la acción de oro es "incompatible con la legislación europea" y constituye "una restricción injustificada al libre movimiento de capitales y al derecho de establecimiento".
Telefónica, por su parte, a la espera de que el Tribunal se pronuncie a su favor, ha ampliado hasta el 16 de julio a las 23.59 hora local el plazo para que Portugal Telecom acepte su oferta de 7.100 millones de euros por el 50% de la empresa Brasilcel, a través de la cual controlan conjuntamente el 60% de la operadora brasileña Vivo.