El Gobierno colombiano vuelve a situar los centros de datos en el centro de su estrategia digital. El presidente Gustavo Petro mantiene su apuesta por desarrollar tres grandes data centers en Santa Marta como parte del proyecto BioNube, una iniciativa orientada a crear una “nube soberana” para almacenar y procesar información estatal dentro del territorio nacional. El plan, impulsado junto a empresas públicas y socios tecnológicos internacionales, busca convertir a Colombia en un actor regional relevante en inteligencia artificial e infraestructura cloud.

La propuesta contempla la construcción de tres campus de datos de gran escala en la costa caribeña colombiana, vinculados a servicios de computación avanzada, almacenamiento gubernamental y futuras aplicaciones de IA. El proyecto está siendo coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con participación de InterNexa —filial de ISA y del Grupo Ecopetrol— como pieza clave en la conectividad y operación de la futura infraestructura.

El Ejecutivo colombiano considera que el desarrollo de infraestructura propia permitirá reforzar la soberanía sobre los datos públicos y reducir la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras. La estrategia también pretende impulsar capacidades nacionales en inteligencia artificial y servicios cloud para organismos públicos, universidades y centros de investigación.

Sin embargo, el proyecto ha generado controversia política, técnica y ambiental incluso antes de iniciar su construcción. Las dudas se centran principalmente en el elevado consumo energético previsto, la viabilidad operativa en una ciudad con estrés hídrico recurrente y la complejidad financiera de una infraestructura de esta magnitud.

IA, soberanía digital y capital extranjero

El proyecto BioNube cobró fuerza tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno colombiano y compañías de Emiratos Árabes Unidos, especialmente el grupo tecnológico G42 y Khazna Data Centers, especializado en infraestructura para inteligencia artificial y cloud. Durante una visita oficial a Dubái en 2025, Petro defendió la iniciativa como una infraestructura estratégica para posicionar a Colombia dentro de la nueva economía digital basada en IA.

La inversión estimada supera los 80 millones de dólares y parte de los recursos procederían del Sistema General de Regalías y del Fondo de Servicio Universal. El objetivo oficial pasa por desarrollar una infraestructura nacional capaz de albergar grandes volúmenes de información pública y futuras plataformas de IA aplicadas a bioeconomía, transición energética y servicios estatales.

El Gobierno también plantea el proyecto como una oportunidad para impulsar formación especializada y transferencia tecnológica. Entre los planes anunciados figura la colaboración con instituciones académicas de Emiratos Árabes y el desarrollo de capacidades locales en inteligencia artificial y computación avanzada.

No obstante, la iniciativa ha quedado envuelta en tensiones políticas y administrativas. La salida de Saúl Kattan de InterNexa, directivo cercano al Ejecutivo y uno de los impulsores del proyecto, alimentó el debate sobre la gobernanza y transparencia del proceso. Paralelamente, la Procuraduría colombiana inició un seguimiento preventivo sobre algunos contratos relacionados con la estrategia nacional de nube soberana e IA.

Energía, agua y presión ambiental

Uno de los principales focos de discusión gira en torno al impacto energético y ambiental de los futuros centros de datos. Diversas estimaciones apuntan a que el complejo podría requerir más de 260 GWh anuales para operar de forma continua, una cifra equivalente a una parte significativa del consumo eléctrico de Santa Marta.

La situación resulta especialmente sensible en una región donde persisten problemas históricos de abastecimiento de agua y limitaciones en infraestructura energética. El debate se ha intensificado además por la necesidad de sistemas de refrigeración de alta capacidad en una ciudad costera con temperaturas elevadas durante buena parte del año.

Las dudas sobre el uso de recursos coinciden con otras controversias recientes en Santa Marta relacionadas con proyectos estratégicos de infraestructura hídrica y ambiental. En los últimos meses, el propio presidente Petro cuestionó públicamente la ubicación de una planta desalinizadora prevista para la ciudad, defendiendo que debía priorizarse el suministro de agua a comunidades vulnerables antes que a zonas turísticas.

En paralelo, el Gobierno colombiano acaba de declarar como reserva ambiental temporal cerca de un millón de hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta, reforzando la sensibilidad política y ecológica en torno a nuevos desarrollos de infraestructura en la región.

Pese a las críticas, el Ejecutivo mantiene su intención de acelerar el proyecto antes de finalizar el actual mandato presidencial. Petro considera que el desarrollo de infraestructura digital soberana será uno de los pilares estratégicos para la próxima etapa tecnológica del país y un elemento clave para competir en el mercado regional de inteligencia artificial.