A principios de 2025, cuando Donald Trump iniciaba su segundo mandato presidencial, el primer discurso del vicepresidente JD Vance dirigido a Europa ya anunciaba una ruptura significativa con el bloque.

En lo que se ha dado en llamar el «discurso de Múnich», Vance dedicó gran parte de su intervención a condenar los valores europeos, reprender a los Estados miembros por su política interna y socavar la relación transatlántica de larga data, dando a entender que, al fin y al cabo, era condicional.

Los responsables políticos entraron en pánico. El discurso planteaba unas perspectivas alarmantes: ¿y si ocurría lo impensable? ¿Podría un aliado incondicional durante más de medio siglo dar la espalda a Europa con tanta facilidad? Pero nadie podría haber previsto que la situación se deteriorara tanto y tan pronto cuando, apenas un año después, Trump pareció amenazar con la guerra a Europa al insistir en que Estados Unidos se haría con Groenlandia, recurriendo a la fuerza si fuera necesario.

Las acciones del presidente en otras partes del mundo —que le han llevado a invadir Venezuela y capturar a su presidente, Nicolás Maduro, así como a lanzar una campaña de bombardeos contra Irán que ya lleva más de tres meses en marcha— han puesto de relieve la imprevisibilidad del régimen de Washington.

La vulnerabilidad de Europa

Aunque Trump se retractó de sus amenazas a Groenlandia, sus alardes belicistas —y el discurso de Múnich— dejaron muy claro las enormes vulnerabilidades que conlleva depender de la tecnología estadounidense.

Desde la toma de posesión de Trump, los objetivos de Silicon Valley parecen haber coincidido con los de la política exterior de EE. UU.

Los defensores de la soberanía digital —entendida en Europa como la custodia, la seguridad y el control de los datos en el ámbito nacional— llevaban mucho tiempo haciendo sonar el tambor antes de que Trump volviera al poder.

Argumentaban que Europa había depositado toda su confianza en la benevolencia de las empresas estadounidenses y, al hacerlo, había permitido que su infraestructura crítica cayera en manos de entidades extranjeras, con escasa capacidad propia a nivel nacional. El regreso de Trump significa que lo que antes era una vertiente marginal del discurso sobre política tecnológica pasa de repente a ocupar un lugar prioritario en la agenda.

«Todo lo que ha sucedido ha acelerado los esfuerzos ya existentes para reforzar la soberanía digital europea», afirma Max von Thun, director de Europa y asociaciones transatlánticas del think tank Open Markets Institute.

La debacle de Groenlandia ha obligado a todos —desde la Comisión Europea hasta los eurodiputados y los Estados miembros— a «manifestarse de forma clara y rotunda sobre la necesidad de alejarse de la tecnología estadounidense, ya que supone un riesgo para la seguridad», añade Von Thun.

Las empresas de Silicon Valley dominan Europa. Según un estudio de 2025 encargado por la asociación francesa del sector digital, Cigref, los hiperescaladores estadounidenses representan la gran mayoría del gasto en la nube en toda Europa, con un 80 %.

Dado que la infraestructura digital es tan esencial para la economía moderna, la preocupación es que el Gobierno de EE. UU. pueda obligar a los proveedores a cortar el grifo. Existen precedentes al respecto, aunque dichas medidas se dirigieron en gran medida a países sancionados y no a supuestos aliados. Cuando Rusia invadió Ucrania, se impusieron sanciones y la infraestructura de pagos se desactivó de la noche a la mañana, paralizando el metro de Moscú. Pero el año pasado, la Corte Penal Internacional se vio obligada a prescindir de Microsoft, cuando la administración Trump sancionó al fiscal jefe de la CPI, a quien se le impidió entonces el acceso a su correo electrónico. Microsoft ha negado haber bloqueado el acceso de la CPI.

El problema lleva gestándose desde hace tiempo. Introducida por Trump en su primer mandato, la Ley CLOUD de 2018 estipula que las agencias de inteligencia estadounidenses pueden acceder a cualquier dato que deseen, siempre que pase por infraestructuras de propiedad estadounidense. La legislación puede interpretarse fácilmente como una proclamación de que, a ojos de la Administración Trump, cualquier dato que pase por empresas estadounidenses pertenece, en última instancia, al Gobierno de EE. UU.

«Ya se hablaba de la necesidad de la soberanía digital», afirma Von Thun, «porque Trump se ha mostrado bastante agresivo con Europa. Pero la crisis de Groenlandia ha dado un empujón adicional a quienes tenían dudas o vacilaban».

La enmarañada economía digital

Desentrañar las complejidades de la economía digital moderna es una tarea difícil, con dependencias entrelazadas en cada punto a lo largo de toda la pila. Estas abarcan desde las llamadas a las API, pasando por los sistemas operativos y los pequeños componentes de la cadena de suministro, hasta llegar al centro de datos.

Ya antes de la crisis de Groenlandia se habían realizado esfuerzos para apoyar este gran desentrañamiento. Iniciativas como Eurostack y Gaia-X propusieron pilas tecnológicas alternativas de desarrollo propio que funcionan de acuerdo con los «valores» y las leyes de la UE. De vez en cuando, alguna agencia gubernamental europea parece prescindir de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses: Francia ha abandonado recientemente Zoom y WebEx en favor de una opción nacional. Por su parte, un municipio alemán está en vías de erradicar por completo los servicios de Microsoft, incluido el sistema operativo. Según se informa, el Gobierno suizo evaluó la posibilidad de utilizar Palantir, la empresa de análisis de datos con sede en EE. UU. respaldada por la CIA y otras entidades, y decidió no hacerlo porque el riesgo para la soberanía de los datos era demasiado grande.

A nivel de la UE, una serie de medidas, como la Ley Europea de Chips, tienen como objetivo reducir la dependencia estratégica de las empresas asiáticas y estadounidenses. Actualmente se está llevando a cabo la aplicación de la Ley de Datos, que entró en vigor en 2024. Para enero de 2027, los hiperescaladores deberán ofrecer a sus clientes interoperabilidad, junto con una vía sencilla para rescindir los contratos de larga duración, con el fin de limitar la dependencia de un único proveedor.

A raíz de la postura beligerante de Trump respecto a Groenlandia, los eurodiputados aprobaron una nueva resolución en la que instaban enérgicamente a Europa a reducir las dependencias críticas vinculadas a los proveedores de servicios en la nube extranjeros. Advirtieron de que el bloque debe centrarse en desarrollar capacidad informática y mejorar su infraestructura soberana. Pero en el negocio de la construcción de esa infraestructura, que requiere grandes inversiones de capital, la realidad no se ha correspondido del todo con la retórica.

Los departamentos gubernamentales de países como Francia y Alemania están lejos de actuar de forma unificada en materia de contratación pública, afirma Von Thun, ya que muchos siguen prorrogando sus contratos o contratando los servicios de hiperescaladores estadounidenses. Parece existir un desajuste entre la voluntad política y la tarea, más complicada, de pasar a la acción.

«No se ha avanzado necesariamente mucho en la construcción de la infraestructura», afirma Von Thun, aunque añade que la Comisión Europea ha reconocido la necesidad de una mayor capacidad nacional, al igual que las iniciativas de política industrial de los Estados miembros, entre ellos Francia y Alemania.

Sin embargo, «no se ha producido un gran impulso a nivel de la UE en favor de la tecnología europea independiente, en parte porque la UE no dispone de tanto poder de fuego fiscal, y en parte porque estamos a la espera del nuevo presupuesto, en el que se prevé algún tipo de fondo fiscal soberano», señala Von Thun.

El próximo presupuesto de la UE, el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, podría ofrecer un mayor apoyo para reducir las dependencias y garantizar alternativas de código abierto, mientras que los organismos del sector esperan que la futura Ley de Aceleración Industrial pueda servir como banco de pruebas para revisar la contratación pública en toda Europa e incluso, aunque sea un tema controvertido, legislar a favor de la adquisición preferente de bienes y servicios fabricados en la UE.

A pesar de la «amplificación» de los discursos sobre la soberanía digital en la UE, afirma Thomas Le Goff, profesor de derecho y regulación digital en el Institut Polytechnique de París, los Estados miembros «siguen intentando atraer a los hiperescaladores para que construyan centros de datos en sus territorios».

Esto ha dado lugar a una situación aparentemente paradójica en la que algunos responsables políticos proclaman a los cuatro vientos la urgente necesidad de la soberanía digital, pero, en la práctica, según Le Goff, los Estados miembros están abriendo sus puertas a lo que él denomina un intento «miope» y «oportunista» de atraer la inversión de los hiperescaladores estadounidenses.

Existen importantes interrogantes sobre el valor de este tipo de inversiones, afirma, dado que no necesariamente potencian la capacidad informática local ni generan muchos puestos de trabajo una vez finalizada la construcción.

Sin embargo, la demanda de hiperescaladores continúa a nivel empresarial, aunque exista una creciente concienciación sobre el problema de la soberanía, afirma Le Goff. «Las empresas no están dispuestas a aceptar una pérdida a corto plazo de funcionalidad o rendimiento para permitir que las empresas de la UE crezcan», afirma Le Goff, coautor de un documento del Centre on Regulation in Europe que recomienda flexibilizar las restricciones urbanísticas con el fin de acelerar importantes proyectos de infraestructura de la UE. «Se necesita tiempo para desarrollar servicios en la nube al mismo nivel que los hiperescaladores», añade.

Esto significa que, aunque la Ley de Datos de la UE evite que las organizaciones queden atrapadas en la dependencia de un único proveedor, las empresas simplemente no disponen de alternativas que ofrezcan un nivel de servicio comparable, explica Le Goff.

Sin embargo, Dario Maisto, analista sénior de Forrester, afirma que a sus clientes no les preocupa demasiado igualar el nivel de servicio de los hiperescaladores.

Aunque cree que ninguna organización europea completará la salida de las nubes de los hiperescaladores en 2026 —«Este es un cambio que no se producirá»—, sus clientes están invirtiendo ahora en soberanía, trasladando cargas de trabajo a diferentes entornos como parte de un «cambio revolucionario con pasos evolutivos».

Maisto añade: «Siempre ha primado la nube pública, pero ahora mis clientes me dicen, por diversas razones —aumentos de precios, un acuerdo empresarial tras otro y la soberanía—: “Ya no queremos realmente lo ‘mejor de su clase’. Queremos un servicio que funcione, que satisfaga nuestras necesidades y que no nos plantee problemas en lo que respecta a la soberanía»».

Por lo tanto, los actores locales están «afilando sus cuchillos» en respuesta a ello, añade Maisto. De hecho, impulsados en parte por la concienciación en torno a la soberanía digital, algunos analistas prevén un crecimiento del 24 % en el mercado europeo de la nube.

Este cambio de percepción parece haber inquietado a los hiperescaladores. AWS, Microsoft y Google se han apresurado a poner en marcha centros de datos supuestamente soberanos en Europa, aunque estos han sido recibidos con distintos grados de escepticismo.

Google, por ejemplo, se ha comprometido a un modelo conjunto en Francia con la empresa de TI Thales para crear una organización de propiedad mayoritariamente francesa, S3NS, que ofrece a los clientes acceso a Google Cloud a través de servidores ubicados en Francia. Tiene un acuerdo similar en Alemania con T-Systems. Maisto añade que es probable que, en algún momento, se ponga a prueba ante los tribunales si esto es suficiente para garantizar la soberanía, pero parece una apuesta bastante segura. Por su parte, la «European Sovereign Cloud» de AWS es de propiedad mayoritaria de Amazon, por lo que los críticos han afirmado que la separación de EE . UU. no va lo suficientemente lejos y que, en la práctica, estas iniciativas no pueden ofrecer una soberanía real —una vez más, debido a la Ley CLOUD—.

Una cuestión de inversión en activos fijos

Un obstáculo evidente para competir con los hiperescaladores es el enorme gasto de capital que se requiere.

Pero también hay que ganar una batalla complicada en la mente de los responsables de TI de nivel medio o de los responsables de la toma de decisiones. En toda Europa, desde hace muchos años existe la sensación de que optar por los productos de Silicon Valley es, sencillamente, menos arriesgado; es mucho más fácil prorrogar un contrato existente que arriesgar la propia carrera apostando por una migración técnicamente exigente, por muy atractiva que sea desde el punto de vista de la soberanía.

«Lo que [solía decir] a mis clientes es: nadie ha sido despedido jamás por elegir Microsoft», afirma Maisto, de Forrester. «Hoy en día, debido al grave deterioro de las relaciones transatlánticas —y a los peligros de que las tecnologías de la información se utilicen como arma—, esto se ve bajo una luz diferente».

Y eso es algo de lo que los ciudadanos de los Países Bajos se están dando cuenta. La adquisición prevista por la empresa estadounidense Kyndryl de Solvinty, la empresa que gestiona el servicio de identificación del Gobierno neerlandés DigiD, hizo que el malestar público hacia la tecnología estadounidense alcanzara su punto álgido. A los ciudadanos les preocupaba que dicha adquisición hiciera llegar los detalles más íntimos de la vida de cada persona directamente a los centros de servidores de EE. UU. y, por extensión, al Gobierno estadounidense bajo el mandato de Trump.

Una petición en contra de la adquisición recibió 140 000 firmas, lo que llevó a los políticos a debatir la venta. Mientras tanto, una delegación de 20 empresas tecnológicas neerlandesas, entre las que se encontraban grupos de código abierto, centros de datos y proveedores de infraestructura, fue invitada al Parlamento neerlandés para debatir alternativas a la tecnología estadounidense.

Richard Marx, director ejecutivo de Sendent —una empresa neerlandesa que dedica gran parte de su tiempo a proteger la suite de productividad de Microsoft o a migrar a los clientes a alternativas de código abierto autohospedadas, como NextCloud—, observaba la situación con interés.

«Los delegados afirmaban que hay muchas más opciones disponibles [además de los hiperescaladores] en los Países Bajos, por no hablar de la oferta que tenemos en Europa», afirma Marx.

Cree que el cambio «tiene que venir de la legislación nacional para ofrecer más ventajas» a los proveedores europeos o neerlandeses. «Creo que será necesario», afirma Marx, «porque cuando el Gobierno dé el primer paso, las empresas le seguirán».

Un dilema chino

Los países europeos no son los únicos aliados de EE. UU. que se han visto distanciados por la Administración Trump.

El apasionado discurso de Mark Carney en Davos dio a entender que la fachada del «orden internacional basado en normas» liderado por EE. UU. se había desmoronado, y sugirió una alianza de las «potencias medias». Fue una propuesta que Keir Starmer rechazó rápidamente, ya que prefería describirse a sí mismo como un «pragmático».

Para ser un pragmático, el Reino Unido se ha mostrado notablemente callado en materia de soberanía digital, a diferencia de sus vecinos al otro lado del canal. Las denominadas iniciativas de IA soberana siguen dependiendo en gran medida de las empresas estadounidenses.

Puede que sea una cuestión de recursos, ya que el Gobierno británico tiene poca voluntad —o, al menos, capacidad financiera— en este momento para invertir en su propio camino, afirma Spencer Lamb, director de operaciones del proveedor de centros de datos Kao Data: «¿Tiene el Gobierno del Reino Unido la voluntad de destinar fondos al Ministerio de Trabajo y Pensiones para que adquiera su propio hardware, lo instale en un centro de datos y luego lo ponga en funcionamiento? La respuesta es no.

«Ya de por sí es bastante difícil para las universidades de investigación conseguir financiación para adquirir infraestructura informática de alto rendimiento. La cruda realidad es que no disponemos del dinero, por lo que dependemos de otras fuentes, y esas son, predominantemente, las empresas tecnológicas estadounidenses que pueden proporcionarlas».

Sin embargo, aunque el Gobierno británico parezca prestar poca atención a la soberanía digital mientras sus vecinos al otro lado del Canal de la Mancha se están movilizando, no es así en el caso de todas las empresas, señala Stewart Laing, director ejecutivo de Asanti, un proveedor de centros de datos del Reino Unido.

Un informe reciente de la empresa, con sede en Glasgow, reveló que la mitad de los responsables de la toma de decisiones están preocupados por la soberanía de los datos, sobre todo debido a las tensiones geopolíticas.

«Sin duda, existe la opinión generalizada de que lo que está haciendo Trump está generando mucha preocupación por aquí y, desde la perspectiva de nuestro sector, es posible que, de hecho, esté creando oportunidades en el Reino Unido», afirma Laing.

Aunque Starmer y Carney discreparon públicamente sobre esa alianza de potencias medias, comparten un enfoque común, ya que ambos han cultivado una relación más estrecha con China.

En enero, Starmer viajó a Pekín. Dio el visto bueno a la nueva «superembajada» de China en Londres, estableció acuerdos comerciales, negoció la exención de visados para viajar al país y creó un «foro» entre el Reino Unido y China para rebajar las tensiones en torno a los recientes ciberataques entre ambas potencias.

Carney, por su parte, creó una nueva «asociación estratégica» con China en materia comercial, al tiempo que impulsaba las exportaciones al país y reducía significativamente los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, sector en el que este país es, con diferencia, líder.

Aún está por ver si esto conducirá a unos lazos técnicos más estrechos para el Reino Unido, pero podría resultar difícil de vender, dado que el país retiró todo el equipo de telecomunicaciones de Huawei por temores relacionados con la vigilancia.

China es también el elefante en la habitación en Europa. Las opiniones están divididas sobre si la tecnología china podría ayudar a reducir la dependencia del bloque respecto a la tecnología estadounidense. Se trata de un tema delicado, sobre todo teniendo en cuenta que muchos defensores de la soberanía digital abogan por apoyar a los productores locales en consonancia con los «valores» de la UE, que, según algunos, se oponen a los de China.

«Creo que esta idea de que, como Estados Unidos ya no es necesariamente un aliado de confianza, deberíamos cerrar acuerdos comerciales con China y utilizar su tecnología es un gran error», afirma Von Thun. «Esas dependencias suponen un gran problema cuando se trata de China. La tecnología soberana tiene que ser europea».

Sin embargo, añade Maisto, no hay «ninguna razón» para no incorporar la tecnología china, siempre que las potencias europeas puedan garantizar que sea «totalmente independiente del país de origen, aislada físicamente (air-gapped), desconectada y aislada tanto física como lógicamente».

Las empresas chinas e indias «podrían aspirar a una mayor cuota del mercado europeo de la nube, al que podrían vender sus servicios por una fracción del precio», afirma Maisto. «Tenemos clientes europeos que ya me dicen: “Bueno, en realidad, tenemos un poco de Tencent Cloud en Europa”».

«Vivo en Nápoles y veo muchísimos coches chinos por las calles. Mi razonamiento es el siguiente: si somos tan abiertos y confiamos nuestras vidas a estos coches chinos, ¿por qué no íbamos a confiar en las empresas chinas en lo que respecta a la infraestructura para el despliegue de la nube?».

El genio ha salido de la lámpara

Aunque la soberanía digital ya estaba cobrando impulso debido a la postura agresiva de Trump frente a Europa, la beligerancia extrema de su administración no ha hecho más que catalizar aún más el movimiento.

Parece que no habrá forma de volver a meter a este genio en la botella. Aunque las acciones de Trump hayan llamado más la atención sobre la excesiva dependencia de la tecnología estadounidense, ese problema es claramente sistémico.

Abordar ese problema requerirá «regulación y mejores estructuras de incentivos», según Johan Linåker, un académico especializado en soberanía digital del Instituto de Investigación RISE de Suecia.

«Ambas deben tener en cuenta la necesidad de aumentar la soberanía en las licitaciones públicas y en el diseño general, la implementación y el funcionamiento de la infraestructura digital de Europa», afirma Linåker. También es necesario promover el crecimiento y las inversiones en todos los ecosistemas europeos. Se espera que dichas medidas se incluyan en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA.

Se requiere una acción decisiva, añade Linåker, que pueda «repercutir y armonizar los niveles nacional, regional y local de Europa». Trump no estará en el poder para siempre. Pero no hay garantía de que no surjan otros «Trumps» en el futuro. Sin una intervención, las vulnerabilidades que él ha puesto al descubierto seguramente persistirán.